Ecuador enfrenta un dilema crucial: incrementar el salario mínimo y generar desempleo, o crear empleo sostenible a largo plazo. En la última década, el salario mínimo, convertido en una herramienta política, ha elevado el costo real del trabajador a cerca de $686, lo que representa un impedimento para que pequeños y medianos inversionistas puedan emprender y generar empleo formal.
El problema radica en la desconexión entre el salario y la productividad. Mientras países como China apostaron por disciplina laboral, capacitación y costos controlados para atraer inversión, Ecuador ha elevado el costo del trabajo sin mejorar sustancialmente la eficiencia, la formación técnica ni la flexibilidad normativa. Como resultado, se ha registrado menos inversión y menos empleo.
La experiencia internacional demuestra que no hay crecimiento sostenible sin competitividad laboral. Shenzhen, en China, es un ejemplo paradigmático de cómo una zona económica especial con reglas distintas, salarios ligados a productividad, incentivos tributarios y seguridad jurídica, logró transformarse de una aldea pesquera a un polo industrial y tecnológico global en solo 30 años.
Expertos señalan que Ecuador podría replicar este modelo mediante la creación de zonas de desarrollo productivo con regímenes laborales, tributarios y fiscales diferenciados, en los cuales la remuneración se ancle al desempeño, la capacitación sea obligatoria y la normativa reduzca los riesgos indemnizatorios excesivos que hoy desalientan la contratación.
"No se trata de precarizar, sino de transitar hacia un esquema moderno donde más personas accedan a empleo formal", afirman los especialistas. El verdadero acto de justicia social no es fijar salarios por decreto, sino crear las condiciones para que el empleo exista. Sin una reforma estructural que alinee salario, productividad y competitividad, Ecuador seguirá perdiendo oportunidades frente a economías más flexibles.
La pregunta ya no es si se debe cambiar, sino si existe la voluntad política para hacerlo.
