En un hecho que sacude los cimientos del sistema judicial ecuatoriano, el juez anticorrupción PhD Carlos Serrano ha denunciado públicamente las presiones que recibió por parte de un "alto funcionario del Consejo de la Judicatura" para "prestar especial atención a la defensa de un extranjero". Esta denuncia, sumada a su posterior renuncia, ha generado una ola de indignación y llamados urgentes a aplicar acciones correctivas en la Función Judicial del país.
Según los detalles revelados, el juez Serrano enfrentó amenazas de muerte, pero no cuenta con protección policial a pesar de la gravedad de la situación. Este caso pone en evidencia la grave crisis de independencia y objetividad que atraviesa el Poder Judicial ecuatoriano, donde parecen primar los intereses de "mafias" por encima de la justicia.
La denuncia del juez Serrano ha desatado un clamor generalizado por una reestructuración profunda del Consejo de la Judicatura, cuyas acciones han sido calificadas como "devastadoras y repulsivas" al minar la independencia y objetividad del sistema judicial. Voces expertas exigen la remoción de los "malos elementos" de este organismo, que se habrían arrogado funciones que no les corresponden, incumpliendo incluso fallos judiciales.
Ante este escenario, las autoridades competentes, ya sean constitucionales o legislativas, tienen la urgente tarea de aplicar las acciones correctivas necesarias para restablecer la integridad y la independencia del Poder Judicial ecuatoriano. La ciudadanía reclama justicia y transparencia, sin más dilaciones, en un momento en que la credibilidad de las instituciones se encuentra seriamente comprometida.
