El Congreso de Perú ha dejado sin efecto la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, luego de que un informe del área de Asesoría Laboral del Parlamento determinara que no cumple con los requisitos establecidos por la ley.
De acuerdo a la información proporcionada, el beneficio económico que Boluarte había solicitado equivalía a 35.000 soles mensuales (aproximadamente 9.500 dólares). Sin embargo, el Congreso determinó que la exmandataria no cumplía con los requisitos legales necesarios para acceder a dicha pensión.
La decisión del Parlamento se basa en un informe técnico que analizó la situación de Boluarte, quien asumió la presidencia de Perú en diciembre de 2022 luego de la destitución de Pedro Castillo. Según las normas vigentes, los expresidentes que cumplen con ciertos criterios, como haber ejercido el cargo por al menos cinco años, pueden solicitar una pensión vitalicia.
No obstante, en el caso de Dina Boluarte, su breve paso por la presidencia -apenas dos meses- habría sido insuficiente para que se le otorgue dicho beneficio económico. El Congreso, al analizar su situación, determinó que no cumplía con los requisitos legales establecidos.
La decisión del Parlamento peruano se produce en medio de un complejo escenario político en el país andino, donde Boluarte enfrenta cuestionamientos y protestas por su ascenso al poder. Su gobierno ha sido criticado por la violenta represión a las manifestaciones en varias regiones del Perú.
Analistas señalan que la negativa a otorgar la pensión vitalicia a Boluarte es un mensaje político del Congreso, que busca evitar conceder beneficios a una mandataria cuya legitimidad es cuestionada por amplios sectores de la población.
