El sistema de salud francés se encuentra conmocionado luego de que un tribunal condenara a prisión perpetua al anestesista Frédéric Péchier, de 53 años, por envenenar deliberadamente a 30 pacientes entre 2008 y 2017 en el hospital de Besan on.
La sentencia, dictada tras un juicio de tres meses y medio, consideró probado que Péchier contaminó bolsas de perfusión utilizadas en intervenciones quirúrgicas con sustancias como potasio, anestésicos locales, adrenalina y heparina, capaces de provocar paros cardíacos o hemorragias graves.
Según la acusación, el médico realizaba estas manipulaciones mientras otros profesionales estaban a cargo de las cirugías, con la intención de que los episodios críticos recayeran sobre ellos y así "afectar psicológicamente" a colegas con los que mantenía conflictos laborales, "alimentando su sed de poder".
Como resultado de estos hechos, 12 pacientes perdieron la vida, incluyendo personas de edades extremas, desde un niño de cuatro años hasta una mujer de 89 años. Durante el juicio, las fiscales calificaron a Péchier como "uno de los mayores criminales de la historia" al considerar que utilizó la medicina para matar.
Además de la cadena perpetua, el tribunal impuso un período de 22 años sin posibilidad de solicitar libertad condicional, una de las restricciones más severas contempladas por la legislación francesa. El fallo fue recibido con fuerte impacto en el ámbito sanitario, ya que expuso fallas en los controles internos hospitalarios y reabrió el debate sobre la supervisión del personal médico.
Desde el inicio de la investigación en 2017, Péchier permaneció en libertad, pero tras conocerse la condena, fue trasladado directamente a prisión. Su defensa anunció que apelará el fallo, al considerar que se construyó un culpable sin pruebas suficientes.
Este caso se conoció pocos meses después de la condena a 20 años de prisión contra el excirujano Jo l Le Scouarnec, quien admitió haber agredido sexualmente a cerca de 300 pacientes, en su mayoría menores, entre 1989 y 2014. Ambos procesos reforzaron el debate público sobre la seguridad de los pacientes y la responsabilidad penal de los profesionales de la salud en Francia.
