Cientos de mujeres se movilizaron este viernes en Santiago y diversas ciudades de Chile para manifestar su rechazo a una polémica iniciativa legislativa. El proyecto de ley, impulsado por parlamentarios de sectores de ultraderecha, busca establecer la obligatoriedad de que las mujeres escuchen los latidos fetales antes de proceder con un aborto, incluso cuando este se realice bajo las tres causales legales permitidas actualmente en el país.
Las manifestaciones fueron convocadas por la Coordinadora Feminista 8M y se extendieron por casi 30 ciudades, abarcando desde Arica, en el extremo norte, hasta Punta Arenas, en el sur del territorio austral. En la capital y en diversas regiones, las activistas se reunieron bajo consignas como ‘Escucha mi corazón’ y ‘Escucha mi decisión’, con el objetivo primordial de defender el derecho a la interrupción del embarazo y rechazar lo que consideran medidas represivas.
La propuesta legislativa, denominada ‘Escucha su corazón’, fue presentada hace algunas semanas por un grupo de parlamentarios pertenecientes al Partido Nacional Libertario y al Partido Republicano, este último fundado por José Antonio Kast. La iniciativa plantea una modificación directa al Código Sanitario chileno. Según el texto del proyecto, cuando una mujer solicite realizar un aborto, el médico responsable deberá informarle si existe actividad cardíaca detectable en el feto y, acto seguido, ofrecerle la posibilidad de escuchar dicho latido. El punto más controvertido de la propuesta radica en que, si la mujer rechaza la oferta de escuchar los latidos, el profesional de la salud deberá negarse a practicar el procedimiento de interrupción del embarazo.
Durante las jornadas de protesta, diversas voces expresaron su preocupación por el impacto de esta medida. Camila, integrante de la red ‘Con las amigas en la casa’ —organización que brinda información y acompañamiento en procesos de aborto—, señaló a la agencia EFE que la movilización en este momento es fundamental para demostrar que las mujeres están en lucha y que no se dejarán intimidar por leyes que calificó como represivas.
En la misma línea, Alma Barahona, profesora jubilada, manifestó su postura a favor de un aborto libre, seguro y gratuito. Barahona fue tajante al calificar la propuesta legislativa como una forma de "tortura a la mujer", describiéndola como una medida más de aquellas que pretenden interferir en la autonomía sobre el propio cuerpo.
Para comprender el contexto de esta disputa, es necesario recordar que en Chile el aborto es legal desde el año 2017, pero únicamente bajo tres causales específicas: cuando existe un riesgo para la vida de la madre, cuando hay inviabilidad fetal o en casos de violación. El proyecto de ley actual busca añadir un requisito procedimental que, en la práctica, podría condicionar el acceso a este derecho legal.
Por su parte, el Gobierno de Chile no ha emitido una opinión oficial respecto a la propuesta legislativa. No obstante, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, declaró recientemente que la prioridad actual de su gestión está centrada en brindar apoyo a las familias y en implementar medidas que permitan incentivar la natalidad en el país.
Este debate ocurre en un escenario demográfico complejo. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia y la menor de toda la región, situándose en menos de un hijo por mujer. Ante esta situación, el Gobierno ha creado una comisión de expertos independientes encargada de analizar la crisis demográfica y elaborar recomendaciones concretas para frenar la caída de la tasa de fecundidad, que se encuentra entre las más bajas del mundo.
Finalmente, el contexto político está marcado por la figura de José Antonio Kast, quien es reconocido por su firme oposición al aborto y es padre de nueve hijos. A pesar de sus convicciones personales, Kast prometió durante su campaña presidencial que no entablaría una “batalla cultural”, asegurando que su enfoque se centraría en las preocupaciones principales de la ciudadanía, específicamente en los ámbitos de la economía y la delincuencia.
