La suma de fuerzas entre el Partido Popular (PP) y Vox ha permitido este viernes la aprobación de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Esta normativa, que es conocida técnicamente como la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026, ha logrado salir adelante gracias al acuerdo entre ambas formaciones, a pesar de haber contado con la oposición frontal del PSPV-PSOE y de Compromís.
La votación tuvo lugar en el marco de la última sesión plenaria del curso político, un momento clave para cerrar el ciclo legislativo con la validación de estas cuentas y medidas organizativas. Durante el debate, el portavoz del Partido Popular, Nando Pastor, tomó la palabra para defender la iniciativa y subrayar la importancia del consenso alcanzado con Vox. Según Pastor, la implementación de estas medidas permitirá una simplificación significativa de los trámites burocráticos que afectan a la administración y a la ciudadanía. Asimismo, el representante popular destacó que uno de los pilares fundamentales de esta ley es la reducción de la carga impositiva mediante la bajada de impuestos. En el ámbito social, Pastor resaltó que la normativa contempla una partida económica considerable, destinando 350 millones de euros específicamente al sector de la vivienda.
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley. No obstante, Llanos fue cauteloso al señalar que estas cuentas "no son de Vox", aclarando que la formación no es la autora principal del presupuesto. A pesar de ello, subrayó que el texto final recoge diversas aportaciones de su partido. El punto más relevante para Vox es el avance en la implementación del concepto de "prioridad nacional". Según Llanos, este principio inspirador ya había sido incluido previamente en la Ley de Presupuestos y ahora se materializa en la Ley de Acompañamiento, apareciendo específicamente como uno de los requisitos establecidos para el acceso a las viviendas públicas.
En la acera opuesta, la oposición manifestó un rechazo tajante a las medidas aprobadas. José Muñoz, representante del PSPV-PSOE, centró sus críticas en el carácter de las rebajas fiscales contenidas en la ley. Muñoz cuestionó que se otorguen beneficios tributarios a ciudadanos con rentas elevadas, señalando específicamente a aquellos que perciben más de 100.000 euros anuales. Además de la crítica económica, el portavoz socialista lanzó una dura reprimenda política contra la gestión de Juanfran Pérez Llorca, afirmando que el PP aprueba leyes "de la mano de quienes hablan de los menores no acompañados como si fueran paquetes de Amazon", haciendo referencia directa a la retórica y postura de Vox sobre este colectivo.
En la misma línea de crítica, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, calificó la dirección de las cuentas y la normativa como un reflejo de un "extremismo ideológico" que responde a los intereses conjuntos del PP y de Vox. Baldoví coincidió con las valoraciones de los socialistas al calificar de "vergonzosa" la estructura de las rebajas fiscales. Según el representante de Compromís, el diseño de la ley beneficia de manera desproporcionada a la gente privilegiada, mientras que, simultáneamente, castiga a los sectores de la población que cuentan con los ingresos más bajos.
La sesión concluyó así con un escenario de polarización clara entre el bloque gubernamental y la oposición. Mientras que el PP y Vox defienden que la ley simplifica la administración, reduce impuestos y aporta fondos críticos para la vivienda, el PSPV-PSOE y Compromís denuncian una falta de equidad social y un giro ideológico que, a su juicio, perjudica a los más vulnerables en favor de las rentas más altas. Con esta votación, la Generalitat Valenciana deja cerrado el curso político con la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 ya aprobada.
