Durante la celebración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista el pasado 19 de julio, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó abiertamente su intención de eliminar la posibilidad de celebrar elecciones multipartidistas que pudieran derivar en una derrota política. En su discurso, Ortega advirtió que trabajará conjuntamente con la Asamblea Nacional y las organizaciones correspondientes para redactar leyes que establezcan un "muro" o un "bloque" contra quienes calificó como "golpistas" y "vendepatrias".
El mandatario fue enfático al señalar que no permitirá que partidos políticos, a los que describió como puestos por "yanquis" o "somocistas", vuelvan a acceder al gobierno. Esta declaración marca un giro hacia la consolidación de un sistema donde la alternancia en el poder es descartada explícitamente, eliminando el concepto de las elecciones como un espacio de competencia pluralista.
Acompañando esta postura, la copresidenta Rosario Murillo defendió el 28 de julio la anulación de las elecciones y confirmó el inicio de un proceso de reformas constitucionales. Según Murillo, estas medidas responden al derecho soberano de Nicaragua de definir su propio sistema y un camino de "perfeccionamiento democrático". En sintonía con esto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que se implementará una reforma constitucional para ampliar el mandato presidencial de cinco a siete años. Asimismo, se otorgarán facultades expresas al Consejo Supremo Electoral para cancelar candidaturas o negar la personalidad jurídica a partidos considerados opositores al régimen.
Este proyecto de gobierno dinástico, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido comparado por diversos analistas con la cleptocracia de la dinastía Somoza. Se señala que el control del país se ha logrado mediante una corrupción generalizada, proyectando que la sucesión del poder recaiga en la copresidenta y su hijo, Laureano Ortega Murillo, asegurando así la estabilidad para inversionistas extranjeros, particularmente los chinos.
Sin embargo, el modelo actual se describe no solo como una tiranía clásica, sino como una dictadura totalitaria. El régimen ha recuperado la figura del "traidor a la patria" para designar a cualquier opositor, viéndolos como títeres de Estados Unidos. Esta narrativa revive la idea de un "pueblo-Uno" en lucha contra los "enemigos del pueblo", una retórica que ya se empleaba en la década de 1980.
El análisis histórico revela que el Frente Sandinista ha tenido una relación conflictiva con la democracia. En las elecciones de 1984, el régimen utilizó tácticas de intimidación y amenazas de muerte contra los votantes, mientras que en 1990 solo aceptaron la alternancia debido a la bancarrota del Estado y la reducción del apoyo soviético. Tras recuperar el poder en 2006, Ortega inició un proceso metódico de absorción de los organismos de escrutinio electoral y los tribunales para evitar una nueva derrota.
La represión se intensificó tras el levantamiento de 2018. Daniel Ortega ha justificado el uso de la violencia, que dejó al menos 325 muertos, calificando las protestas como un golpe de Estado financiado por Estados Unidos. Bajo la premisa de responder con la "ira del pueblo", el régimen fusionó la policía y las tropas de choque en un solo cuerpo ejecutor contra los manifestantes.
En la actualidad, la situación ha derivado en una crisis humanitaria y política con más de un millón y medio de nicaragüenses en el exilio. La persecución no solo alcanza a la oposición política, sino que se ha extendido a comunidades indígenas. Líderes Mayangnas y Miskitus han sido encarcelados sin juicio o condenados por terrorismo tras protestar contra invasiones de tierras por parte de empresas mineras chinas y exsoldados sandinistas. Se reportó el fallecimiento bajo custodia de Brooklyn Rivera, un líder miskitu.
El régimen también ha iniciado una purga interna dentro del propio FSLN y sus aliados. Humberto Ortega, hermano del presidente, fue puesto bajo arresto domiciliario en mayo de 2024 y falleció meses después en un hospital militar. Otros exdirigentes como Bayardo Arce fueron arrestados en julio de 2025 por cargos de corrupción, y Henry Ruiz permanece en arresto domiciliario desde marzo de 2025.
Finalmente, la violencia ha trascendido las fronteras nacionales con el asesinato en junio de 2025 del mayor en retiro Roberto Samcam en Costa Rica y el intento de asesinato de Marvin Gámez Alaníz en Honduras. Estos hechos refuerzan la tesis de que cualquier persona que cuestione la legitimidad de la pareja presidencial es tratada como un "enemigo del pueblo", evidenciando una escalada totalitaria impulsada por el miedo a perder el control absoluto del Estado.
