La Policía Federal de Brasil ha iniciado formalmente un inquérito para investigar al empresario Fábio Luís Lula da Silva, ampliamente conocido como Lulinha, hijo del actual presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva. La investigación se centra en la sospecha de que el empresario haya incurrido en delitos de tráfico de influencias y corrupción, específicamente relacionados con la autorización para la comercialización de cannabis medicinal a través de diversos programas gestionados por el Ministerio de Salud.
Esta línea de investigación ha sido puesta en marcha tras recibir la autorización judicial del ministro André Mendonça, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). La decisión del magistrado se basó en la existencia de indicios mínimos que justifican la apertura de las diligencias, contando además con el respaldo de un parecer emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), organismo que también identificó indicios de la comisión de delitos.
Según los detalles contenidos en la solicitud de apertura del inquérito, la Policía Federal apunta a la existencia de una alianza estratégica entre Lulinha, la empresaria Roberta Luchsinger y el lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, quien es conocido en el ámbito público como "Careca do INSS". De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, este trío habría actuado coordinadamente en el mercado del canabidiol para beneficiar los intereses de la empresa World Cannabis, entidad que se encuentra vinculada a Antonio Carlos.
La sospecha principal es que Fábio Luís Lula da Silva habría utilizado su posición y vínculos para interceder en favor de la mencionada empresa ante las instancias correspondientes del Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, buscando facilitar la entrada o el posicionamiento de la compañía en el mercado de productos derivados del cannabis con fines medicinales.
En respuesta a estas acusaciones, tanto Lulinha como Roberta Luchsinger han negado categóricamente cualquier participación en el mercado de cannabis o haber realizado intentos para beneficiar a la empresa World Cannabis. Los representantes legales del hijo del presidente enfatizaron que su cliente no recibió invitación alguna para asociarse, participar o adquirir cuotas de la firma en cuestión. No obstante, la defensa admitió un hecho relevante: Fábio Luís realizó un viaje a Portugal en el año 2024, cuyos costos fueron cubiertos por Antonio Carlos Camilo Antunes, el "Careca do INSS".
Por su parte, Roberta Luchsinger reconoció haber prestado servicios de consultoría para Antunes en el área de cannabis, pero aclaró que el contrato firmado no contemplaba el comercio de ninguna sustancia, limitándose a una asesoría técnica.
Desde el punto de vista procesal, los investigadores han solicitado al Supremo Tribunal Federal el acceso y el intercambio de información recopilada durante la "Operación Sem Desconto", una investigación que indaga fraudes dentro del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Aunque la Policía Federal aclaró que el caso de Lulinha es ajeno a los descuentos ilegales aplicados a los beneficios de pensionistas y jubilados de la Previdencia, subrayó que existe una conexión directa debido a los sujetos involucrados en ambas causas.
Este desarrollo judicial ocurre en un marco donde el propio presidente Lula da Silva había manifestado anteriormente su postura sobre la transparencia y la ley. En un discurso realizado el año pasado, el jefe del Ejecutivo afirmó que su hijo debía ser investigado si se presentaran indicios suficientes de cualquier irregularidad, asegurando que "nadie quedará libre" y que, si su hijo estuviera involucrado, sería objeto de investigación.
Sin embargo, la defensa jurídica de Lulinha ha expresado fuertes críticas hacia la apertura de este nuevo proceso. El abogado Marco Aurélio Carvalho calificó la instauración del inquérito como "extraña" y denunció que la Policía Federal podría estar realizando una "pesca probatoria", término utilizado para describir investigaciones que buscan evidencias sin un objetivo claro, moviéndose de un punto a otro hasta encontrar algo incriminatorio.
Carvalho resaltó que el presidente Lula devolvió la autonomía e independencia a la Policía Federal, la cual, según sus palabras, había sido capturada por intereses políticos y electorales durante el gobierno anterior. El abogado sostuvo que, si bien la institución ha recuperado su credibilidad, debe ejercer esa autonomía con responsabilidad. Finalmente, el defensor insistió en que es grave que se abra una nueva investigación cuando, según afirma, no se encontró nada contra Fábio en el marco de las indagaciones originales sobre el INSS.
