El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha puesto en marcha una nueva iniciativa de reforma constitucional que pretende prolongar los periodos de ejercicio para casi 7,000 funcionarios públicos, estableciendo un mandato de siete años. Este nuevo ajuste a la Carta Magna, descrito como un "parche" constitucional, busca extender el tiempo de permanencia en sus cargos de una amplia gama de autoridades, incluyendo diputados, magistrados, alcaldes y autoridades regionales.
De acuerdo con la información detallada, la reforma alcanzaría a un total de 6,722 cargos de elección popular y 28 sujetos a elección o ratificación por parte de la Asamblea Nacional. No obstante, el alcance real de esta medida podría ser superior si se consideran los nombramientos de facto realizados por la "copresidencia", que incluyen a ministros, viceministros, el procurador y subprocurador general, directores de entes autónomos y gubernamentales, así como jefes de misiones diplomáticas y misiones especiales.
El diputado sandinista Gustavo Porras, durante el proceso de "consulta" que inició formalmente el 29 de julio de 2026, expuso que el periodo establecido en la Constitución Política para los cargos de elección popular y aquellos ratificados por la Asamblea Nacional será ahora de siete años. Porras defendió la medida argumentando que existen otros países que manejan periodos similares y que es una decisión soberana, omitiendo que la Constitución nicaragüense establecía originalmente periodos de cinco años.
Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de cambios constantes en el marco legal del país. Apenas 18 meses después de la entrada en vigor de la denominada Constitución “Chamuca” en febrero de 2025, el oficialismo plantea este nuevo incremento. Los mandatos, que inicialmente eran de cinco años, pasaron posteriormente a seis y ahora se propone que lleguen a siete. La reforma abarcaría desde la "Co-Presidencia" de la República hasta las alcaldías, las diputaciones, los Consejos Regionales de la Costa Caribe y la representación de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano, siguiendo lo establecido en la Ley Electoral (Ley 1242).
El proceso de consulta ha incluido reuniones con sectores estratégicos del régimen. En la primera jornada, el 29 de julio, se consultó al sector financiero y bancario, contando con la presencia del presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Posteriormente, el 30 de julio, la Comisión Especial de Carácter Constitucional se reunió con la cúpula del Ejército de Nicaragua y, en una segunda jornada, con la Cojefatura de la Policía Nacional y oficiales superiores. Se confirmó que los mandatos de siete años también se aplicarán a las jefaturas del Ejército y la Policía, afectando directamente al general Julio César Avilés y a los cojefes de la Policía Nacional, Francisco Díaz y Victoriano Ruiz. Según el oficialismo, estas modificaciones buscan "garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz".
Además de la extensión de mandatos, la estructura del Estado ha sufrido otras modificaciones recientes. La reforma a la Constitución ya había reducido el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 16 a 10, y los del tribunal electoral de 10 a 6. Asimismo, en agosto de 2025, el Ministerio Público fue absorbido por la Procuraduría General de Justicia, entidad creada por órdenes del Ejecutivo bajo la premisa de combatir la corrupción.
A nivel internacional, estas acciones han generado alarmas. La misión permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha solicitado una reunión extraordinaria para analizar las implicaciones de esta iniciativa. Washington fundamenta su petición en una declaración pública realizada por Daniel Ortega el 19 de julio, en la cual afirmó que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones.
Estados Unidos sostiene que tales declaraciones representan un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses de elegir a sus líderes mediante procesos libres y justos. Junto con la solicitud de reunión, el gobierno estadounidense presentó un proyecto de resolución de “condena inequívoca”, advirtiendo que el régimen busca abolir las elecciones, eliminar el pluralismo político y poner fin a la transición pacífica del poder, impidiendo la participación de cualquier persona considerada una amenaza para el control del poder por parte de Ortega y Murillo.
Se espera que el oficialismo continúe con las consultas sectoriales antes de que la Asamblea Nacional proceda a la aprobación definitiva de estas modificaciones constitucionales en septiembre.
