La Cámara de Senadores ha dado luz verde a un proyecto de ley que busca reestructurar la responsabilidad financiera de diversas obligaciones públicas, trasladando la carga económica desde las gobernaciones hacia el Gobierno Nacional. Esta iniciativa, denominada Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, establece que el nivel central del Estado deberá hacerse cargo de pagos específicos que anteriormente eran asumidos por los gobiernos departamentales.
Entre los puntos más relevantes de la norma se encuentra la disposición de que el Gobierno Nacional asuma el pago de los prediarios de los reclusos y el bono de vacunación destinado a los trabajadores del sector salud. Con la implementación de esta ley, las gobernaciones del país dejarán de ser los entes responsables de cubrir estos gastos. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, el proyecto de ley dispone explícitamente que no podrán efectuarse débitos automáticos ni transferencias de recursos desde los gobiernos regionales por estos conceptos.
Además de los costos penitenciarios y de salud, la norma extiende la responsabilidad del nivel central del Estado a la financiación de los diplomas de bachiller. Este cambio normativo busca evitar que las regiones continúen financiando competencias que, por su naturaleza, corresponden al gobierno nacional.
El impacto económico de esta medida será tangible en diversas regiones. En el caso específico del gobierno departamental de Tarija, la aprobación de esta ley permitirá liberar más de 13 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que anteriormente estaban comprometidos para cubrir estas obligaciones.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, expresó su satisfacción ante la aprobación de la iniciativa, tanto en general como en detalle. Según la autoridad, este avance es fundamental para fortalecer la autonomía departamental, ya que impide que las gobernaciones sigan financiando responsabilidades que competen al nivel central del Estado. Soruco enfatizó que la autonomía no debe limitarse a un discurso político, sino que debe ser la herramienta efectiva para impulsar el desarrollo del pueblo, asegurando que uno de los pilares de su gestión ha sido la defensa de los recursos departamentales.
La gobernadora recordó que su administración impulsó activamente una propuesta para frenar la transferencia de responsabilidades económicas hacia los gobiernos departamentales. Dicha iniciativa fue gestionada a través de la Brigada Parlamentaria, la Presidencia de la Cámara de Senadores y mediante diversas reuniones sostenidas con otros gobernadores del país.
Para ilustrar el efecto económico directo, Soruco detalló a través de sus redes sociales los montos que la Gobernación de Tarija desembolsó en la gestión 2025. Para el bono de vacunación, se destinaron 8.270.015,53 bolivianos; para los títulos de bachiller se asignó un total de 482.700 bolivianos; y para el pago de los prediarios de los reclusos se erogaron 4.720.903,09 bolivianos. La suma total de estos rubros alcanzó los 13.473.618,62 bolivianos, todos financiados mediante el IDH.
La autoridad regional sostuvo que el fortalecimiento del país debe construirse desde las regiones, los departamentos y los municipios, calificando este avance como el inicio de una nueva etapa en la consolidación del proceso autonómico. Actualmente, el proyecto de ley aguarda su aprobación en la Cámara de Diputados para posteriormente ser remitido al ejecutivo nacional para su promulgación.
En cuanto a los detalles técnicos del proyecto, la ley especifica que serán financiados con recursos del Tesoro General de la Nación, inscritos en los presupuestos institucionales de las entidades competentes del nivel central, los siguientes ítems: el costo del prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario; el Bono de Vacunación, viáticos de vacunación, el escalafón al mérito y otros beneficios económicos nacionales del sector salud; las becas universitarias administradas bajo políticas del nivel central; y el mantenimiento o reposición de infraestructura deportiva de propiedad o responsabilidad del Estado central o comprendidas en programas nacionales.
Por su parte, la senadora Marcela Guerrero celebró la aprobación de la norma y señaló que el siguiente paso será exigir al Gobierno Nacional un presupuesto menos centralista para el año 2027. Guerrero destacó la necesidad de un enfoque orientado a la redistribución de recursos mediante el modelo 50-50, tema que será tratado en una próxima reunión entre gobernadores, alcaldes y el presidente Rodrigo Paz.
