El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha emitido un fallo que anula la investigación y el proceso judicial seguido contra el expresidente Ollanta Humala, quien gobernó el país entre los años 2011 y 2016. Esta decisión judicial impacta directamente en la situación actual del exmandatario, quien se encuentra cumpliendo una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo por presuntos falsos aportes recibidos durante sus campañas electorales. De acuerdo con la resolución publicada este jueves 30 de julio de 2026 en Lima, el expresidente podrá recuperar su libertad.
La resolución del Tribunal Constitucional se fundamenta en que la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala ha sido declarada fundada. El órgano jurisdiccional determinó que se acreditaron vulneraciones graves a los principios de legalidad y tipicidad, los cuales están estrechamente vinculados con el derecho fundamental a la libertad personal. Al considerar que el proceso no se ajustó a estos marcos legales, el TC procedió a declarar la nulidad total de todas las etapas del proceso seguido contra el exmandatario.
El alcance de esta decisión no se limita únicamente a Ollanta Humala. El fallo extiende la nulidad a todo el proceso que también involucraba a su esposa, Nadine Heredia. Cabe recordar que las implicaciones legales de este caso habían forzado a Heredia a solicitar asilo en Brasil para evitar las consecuencias judiciales en territorio peruano. Asimismo, la anulación del proceso alcanza a la cúpula del entonces Partido Nacionalista Peruano, quienes también formaban parte de la investigación por los aportes cuestionados.
Un punto central en la argumentación del Tribunal Constitucional es la tipificación del delito. El TC ratificó un criterio jurídico similar al aplicado previamente en el archivo del proceso por presunto lavado de activos contra la actual mandataria Keiko Fujimori. El tribunal sostuvo que los aportes irregulares realizados en el contexto de una campaña electoral no pueden ser tipificados bajo el delito de lavado de activos. Esta interpretación legal es la que lleva a la anulación de la investigación contra Humala y sus colaboradores cercanos.
En cuanto a los hechos que originaron la causa, la Fiscalía había recogido testimonios que señalaban que los aportes cuestionados provenían de entidades y figuras externas. Entre ellas destacaba la constructora brasileña Odebrecht y el entonces gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil. Estas contribuciones habrían sido destinadas a las campañas electorales de Humala en los años 2006 y 2011.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en las consideraciones de su fallo, señaló que al momento de ocurrir los hechos imputados, los actos de receptación patrimonial no estaban previstos como una modalidad típica del delito de lavado de activos. Por lo tanto, el TC concluyó que la imputación penal contra Ollanta Humala desconocía el principio de legalidad penal, ya que se le estaba juzgando por una conducta que no estaba debidamente tipificada como delito en la normativa vigente en ese momento.
Como consecuencia de lo anterior, el Constitucional ha ordenado que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, o el órgano judicial penal que corresponda, defina la situación jurídica del exmandatario una vez que sea notificado oficialmente del fallo.
Además, la orden judicial dispone la nulidad absoluta de todo el proceso por lavado de activos, al considerar que fue atribuido sin el sustento jurídico necesario. Esto implica que quedan sin efecto todas las actuaciones derivadas del proceso, incluyendo las resoluciones que en su momento desestimaron la excepción de naturaleza de la acción, así como la sentencia penal que había sido dictada en el año 2025.
Con esta decisión, Ollanta Humala se convierte en el primer exmandatario peruano condenado en el marco del escándalo Lava Jato en Perú que será excarcelado debido a una resolución del sistema de justicia. Este camino judicial ya había beneficiado previamente a Keiko Fujimori y a su entorno partidario más cercano, cuyo proceso también fue archivado bajo argumentos similares.
