La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente socialista Evo Morales. La medida fue anunciada este miércoles por la institución, que investiga al exmandatario por su presunta responsabilidad en la organización y liderazgo de las recientes movilizaciones sociales que paralizaron el país durante un periodo superior a los 50 días.
De acuerdo con la información proporcionada por Roger Mariaca, fiscal general del Estado, la orden de captura se ha librado en el marco de una pesquisa centrada en los cortes de rutas y bloqueos de carreteras que afectaron la movilidad nacional. Estas acciones se concentraron principalmente entre los meses de mayo y junio, periodo en el que se registraron intensas movilizaciones callejeras dirigidas contra la administración del presidente centroderechista Rodrigo Paz.
Las protestas fueron impulsadas por diversos sectores sociales, incluyendo a campesinos y obreros, quienes exigían la renuncia del mandatario Paz. El motivo central de este descontento radica en la incapacidad del gobierno para ofrecer una solución efectiva a la crisis económica que atraviesa Bolivia, la cual ha sido calificada como la peor en cuatro décadas.
El impacto de estas medidas de presión fue particularmente severo en las ciudades de La Paz y El Alto. Ambas urbes sufrieron un agudo desabastecimiento de productos básicos, lo que provocó que los precios de los alimentos se dispararan significativamente. Asimismo, se reportó una escasez crítica de medicinas en los centros hospitalarios y la formación de filas prolongadas en las estaciones de servicio, donde los ciudadanos esperaron durante días para obtener combustible.
Desde el ámbito judicial, la investigación contra Morales se originó a partir de una denuncia presentada a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización compuesta por empresarios y líderes civiles. Dicha agrupación señaló al exmandatario por los presuntos delitos de "terrorismo" y "alzamiento armado", acusaciones que posteriormente fueron respaldadas y sumadas por el Ministerio de Gobierno.
Por su parte, el gobierno de Rodrigo Paz denunció que estas acciones representaban un intento de alterar el "orden democrático" y señaló la participación de "narcoterroristas", acusando directamente a Evo Morales de estar detrás de las estrategias de presión. En este contexto, el presidente Paz contó con el apoyo explícito de Estados Unidos y de los socios integrantes del Escudo de las Américas, grupo que incluye a Argentina, Chile y El Salvador. A inicios de junio, estos países denunciaron la existencia de "esfuerzos para derrocar" al mandatario boliviano.
La crisis de bloqueos comenzó a disiparse a mediados de junio, luego de que el presidente Paz lograra alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el sindicato obrero de mayor peso en el país. Adicionalmente, el gobierno recurrió al decreto de un estado de excepción, permitiendo que fuerzas militares intervengan para desactivar los bloqueos que aún persistían en diversas rutas.
Ante estas acusaciones y la orden de detención, Evo Morales, de 66 años, utilizó su cuenta en la red social X para rechazar las medidas. El exmandatario afirmó que no se dejará intimidar y denunció que es víctima de una "persecución". Según Morales, el gobierno busca responsabilizar a los movimientos sociales de las movilizaciones para intentar ocultar la "profunda crisis económica y social" que afecta a la población boliviana.
Cabe destacar que Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre, marcando el fin de un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales y Luis Arce. El actual presidente ha implementado un giro liberal en la política económica y ha restablecido el acercamiento con Estados Unidos, rompiendo con la postura de Morales, quien había cortado relaciones con Washington en 2008. Morales ha calificado este nuevo rumbo como una "rebelión" contra un gobierno que considera "sometido" a los intereses estadounidenses.
Esta es la segunda orden de captura vigente contra el exmandatario, quien se encuentra en condición de prófugo desde octubre de 2024. Anteriormente, la policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, caso en el cual se señala que Morales habría tenido una hija durante su periodo presidencial; hecho que el exlíder socialista rechaza y califica también como parte de una persecución política.
Actualmente, Evo Morales permanece refugiado en la zona cocalera del Chapare. En esta región, se encuentra protegido por grupos de campesinos que han organizado guardias permanentes con el objetivo de evitar cualquier incursión de las fuerzas policiales para ejecutar las órdenes de aprehensión.
