El entorno cercano al presidente Gustavo Petro se encuentra actualmente bajo el escrutinio público debido a un escándalo que involucra a Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Según diversas revelaciones, el vínculo de estas jóvenes con el jefe de Estado se consolidó tras su participación activa en las juventudes que promovieron la campaña electoral de 2022 en el departamento del Cesar, donde mantenían relación con René Hernández, quien fuera director de consulta previa.
De acuerdo con informaciones difundidas por periodistas de Blu Radio, el acercamiento definitivo ocurrió después de que las hermanas Guerrero reportaran amenazas de muerte en Valledupar debido a su militancia petrista. Esta situación las llevó a trasladarse a Bogotá, donde llegaron a vivir en una pensión ubicada en el barrio Santa Fe hace dos años. En aquel momento, ya con Gustavo Petro en la presidencia, las jóvenes contactaron a una persona del entorno presidencial para solicitar auxilio, manifestando que eran un grupo de jóvenes vallenatos amenazados en su región.
El relato radial sostiene que el contacto intermediario recordó al mandatario quiénes eran Juliana y Verónica Guerrero, preguntándole si recordaba a las jóvenes que habían ayudado en la campaña. Tras la respuesta afirmativa del presidente, se habría dado el visto bueno para que ambas obtuvieran contratos en entidades del Estado como primera medida de ayuda concreta. Esta intervención resultó en la asignación de un contrato para Verónica en Colombia Compra Eficiente y otro para Juliana en el Ministerio del Interior.
Posteriormente, la trayectoria de Juliana Guerrero incluyó un paso por el despacho de Armando Benedetti. No obstante, el caso tomó un giro distinto cuando las hermanas comenzaron a alertar sobre supuestas irregularidades dentro de Colombia Compra Eficiente. Según la reconstrucción de los hechos, las hermanas describieron la situación de dicha entidad como una “olla podrida”, razón por la cual solicitaron una audiencia directa con el presidente Petro para exponer la “podredumbre” institucional. El mandatario accedió a recibir a Juliana Guerrero en su despacho, encuentro que, según el periodista consultada, marcó un punto de inflexión en su relación con el poder.
Sin embargo, la situación se ha tornado crítica tras un informe publicado por el medio Semana. En dicho reporte se denuncia que Juliana Guerrero, presuntamente sin formación académica real y mediante el uso de títulos falsificados, habría coordinado la asignación y obtención de contratos públicos. Se señala que estas gestiones se realizaban presuntamente a cambio de pagos efectuados por empresarios. Para sustentar estas afirmaciones, el informe menciona la existencia de testimonios, audios, intercambios de mensajes y registros de movimientos bancarios.
La influencia de Juliana Guerrero alcanzó un punto visible en marzo de 2025, cuando fue vista en el Congreso Nacional junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, durante los debates sobre la reforma laboral. Este hecho provocó denuncias por parte de legisladores como Jennifer Pedraza, quien afirmó que Guerrero ejercía una influencia superior a la del propio ministro. Pedraza citó una conversación con Benedetti, en la cual este habría admitido: “Yo no tengo nada que ver con Juliana Guerrero, ella es más poderosa que yo”.
El informe detalla que entre los años 2024 y 2026, las hermanas Guerrero lograron acumular un poder significativo e influir en decisiones gubernamentales, incluso en periodos donde no mantenían vínculos contractuales directos con el Estado. Se reporta que las actividades irregulares se intensificaron en la segunda mitad de 2024, periodo en el cual establecieron vínculos con empresarios de diversas regiones del país para gestionar contratos estatales de alto valor.
Mientras Juliana finalizaba su contrato en el Ministerio del Interior e intentaba acceder al Viceministerio de Juventudes, Verónica alternaba contratos entre Colombia Compra Eficiente y el Ministerio del Interior. Este entramado de influencias y denuncias ha generado fuertes críticas internas, incluyendo señalamientos por parte de la hija del presidente, Andrea Petro. Como consecuencia de este escenario de controversias, Juliana Guerrero presentó su renuncia a un cargo en la Universidad Popular del Cesar.
El caso ha reabierto el debate sobre los criterios de asignación de cargos públicos y la dinámica de acceso al poder dentro de la administración actual, poniendo el foco en la verificación de perfiles académicos y la transparencia en la contratación estatal.
