La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ha radicado formalmente una denuncia contra el presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El documento, presentado oficialmente este miércoles 29 de julio, señala al mandatario por los presuntos delitos de injuria y calumnia, basándose en una serie de eventos ocurridos en el entorno presidencial.
La representación legal de Rodríguez está a cargo de Manuel Villanueva Luis, quien forma parte del equipo de juristas del exministro de Justicia, Wilson Ruiz. De acuerdo con el contenido de la denuncia, que fue conocido por la revista SEMANA, los hechos se remontan a la noche del 13 de enero de 2026. En dicha fecha, y previo a que la funcionaria fuera obligada a renunciar, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos calificados como injuriosos, calumniosos y machistas contra Rodríguez.
Según el relato consignado en el documento, el mandatario habría intentado desacreditar el criterio profesional de la gerente del Fondo Adaptación para facilitar el nombramiento de Juliana Guerrero, una persona cercana al presidente. En el marco de este conflicto, se alega que Petro insultó a Rodríguez en voz alta dentro del Palacio de Nariño, señalándola de ser narcotraficante y paramilitar, además de afirmar que mantenía un romance con un presunto integrante de grupos paramilitares. Asimismo, la denuncia indica que el presidente intimidó a Rodríguez recordándole su pasado vinculado al movimiento armado M-19 y profiriendo amenazas.
En el cuerpo de la denuncia, Angie Rodríguez ratifica la existencia de una relación cercana entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero, lo cual explicaría el interés particular en el nombramiento de esta última. Además, la funcionaria describe la existencia de un grupo de mujeres muy allegadas al mandatario que, siguiendo sus instrucciones, habrían abordado diversas entidades estatales con el objetivo de obtener contratos y favores económicos.
Uno de los puntos más graves de la denuncia hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del presidente Petro y estaba bajo investigación por interceptaciones ilegales. En dichas interceptaciones se escuchaba a Marelbys Meza, empleada de Laura Sarabia. Rodríguez menciona que varios uniformados le informaron que el fallecimiento del coronel no fue producto de un suicidio, sino que se trató de un asesinato posiblemente orquestado desde el interior de la Casa de Nariño.
Como consecuencia de estas revelaciones y de su situación laboral, Angie Rodríguez afirma ser actualmente blanco de amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones. Según la denuncia, estas acciones serían ejecutadas por estructuras criminales que buscan silenciarla para evitar que continúe denunciando públicamente los sucesos acontecidos dentro de la Casa de Nariño.
Adicionalmente, Rodríguez relata haber sido víctima de extorsiones mientras ejercía como directora del Fondo Adaptación. Señala que personas pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia, a quienes afirma poder identificar, intentaron obligarla a tomar decisiones específicas relacionadas con el manejo de los recursos de la entidad. En este contexto, la denuncia sostiene que el presidente Gustavo Petro ha ejercido presiones sobre ella para que transfiera una suma aproximada de un billón de pesos desde el presupuesto del Fondo Adaptación, sin que existiera una justificación fiscal que respaldara dicho movimiento.
Desde el plano jurídico, el abogado Manuel Villanueva Luis precisó que, ante los señalamientos de vínculos con estructuras criminales realizados por el presidente contra su cliente, es imperativo analizar la tipificación de los delitos. El jurista explicó que la jurisprudencia ha establecido cuatro requisitos fundamentales para estructurar la vulneración de los principios de la honra y el buen nombre, los cuales permiten configurar los tipos penales de injuria y calumnia en eventos concretos como este.
Finalmente, la defensa legal solicitó al tribunal dar inicio urgente a las actuaciones de su competencia, con el fin primordial de garantizar los derechos fundamentales de la doctora Angie Rodríguez frente a las situaciones expuestas.
