El Poder Legislativo de Honduras ha colocado en el centro de su agenda prioritaria la protección integral de la infancia, así como la investigación exhaustiva de redes ilícitas que vulneran la salud y la seguridad de los menores de edad en el territorio nacional. En respuesta a una serie de alarmantes denuncias sociales, las comisiones parlamentarias han iniciado una intervención directa para frenar actividades ilegales relacionadas con la salud y la integridad física de los ciudadanos.
En las últimas semanas, diversos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación ante el incremento de ofertas irregulares de procedimientos quirúrgicos y la comercialización de insumos médicos que no cuentan con las debidas autorizaciones sanitarias. Este panorama ha motivado que los diputados coordinen acciones inmediatas con los entes operadores de justicia, con el fin de establecer un cerco legal y operativo que detenga estos ilícitos a nivel nacional.
En este marco de acción, la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor ha reportado avances significativos durante la última semana. La comisión se ha centrado en la revisión minuciosa de dictámenes y en el análisis de diversas mociones que fueron remitidas por la Secretaría del Congreso Nacional, luego de haber sido presentadas ante el pleno por distintas bancadas parlamentarias.
Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, detalló que durante las jornadas de trabajo se revisaron comunicaciones enviadas a múltiples instituciones. El objetivo de estas solicitudes es obtener información precisa sobre la existencia y operatividad de centros clandestinos, así como rastrear la promoción de servicios y kits abortivos que se difunden a través de las redes sociales.
Estas indagaciones forman parte de una estrategia derivada de una moción aprobada por el Congreso Nacional, la cual fue propuesta originalmente por el diputado Tomás Zambrano. Dicha moción otorga la facultad legal a la comisión legislativa para coordinar esfuerzos conjuntos con instituciones clave del Estado, específicamente el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).
El objetivo central de esta alianza interinstitucional es el desmantelamiento de organizaciones criminales que operan en el entorno digital. Según las autoridades, estas redes utilizan perfiles digitales y plataformas de mensajería privada para ofrecer fármacos o realizar procedimientos que están estrictamente prohibidos por la legislación hondureña vigente. Al respecto, Vallecillo afirmó que se ha solicitado la información necesaria a las entidades correspondientes para determinar cómo operan estos centros y de qué manera se lleva a cabo la comercialización ilegal de productos mediante el internet.
De manera paralela a la lucha contra los centros clandestinos, el órgano parlamentario ha dado trámite a otra iniciativa crucial. Se trata de una moción exhortativa presentada por el congresista Francis Cabrera, mediante la cual se requiere a las autoridades informes detallados sobre la recepción y el tratamiento que se le da a las denuncias vinculadas con delitos sexuales cometidos contra estudiantes dentro de los centros educativos del país.
La legisladora Alejandra Vallecillo subrayó que el abordaje del abuso sexual infantil ya estaba previsto en la planificación de la comisión, incluso antes de que se planteara la solicitud formal ante el pleno de diputados. Para hacer frente a los reportes de estupro, acoso y diversas agresiones en el entorno escolar, la comisión ha estado trabajando previamente en el diseño y construcción de instrumentos jurídicos destinados a endurecer las sanciones penales y fortalecer la protección de las víctimas dentro del sistema nacional de educación.
Como parte de este esfuerzo legislativo, la Comisión Legislativa de Familia ha implementado un proceso de consulta y análisis técnico. En este sentido, la presidenta de la comisión informó que se han desarrollado tres mesas técnicas con la participación de representantes de la sociedad civil, enfocadas específicamente en la Ley contra el Abuso Sexual Infantil en Honduras, buscando garantizar que las herramientas legales sean efectivas y respondan a la realidad de las víctimas.
