En el marco del cierre del Gobierno de Gustavo Petro, se han hecho públicas graves revelaciones que comprometen la gestión de exfuncionarios estratégicos de su administración. En los últimos días, la atención pública se ha centrado en la figura de Juliana Guerrero, quien desempeñó roles de alta responsabilidad, principalmente dentro del Ministerio del Interior, y que ahora se encuentra en el centro de múltiples denuncias judiciales y administrativas.
Las acusaciones contra Guerrero son severas y se dividen en dos ejes principales. En primer lugar, se ha denunciado que la exfuncionaria obtuvo títulos universitarios falsos, los cuales habrían sido emitidos por la Fundación de Educación Superior San José. Debido a esta irregularidad, actualmente existe un proceso penal en curso dentro de la justicia ordinaria para determinar las responsabilidades legales correspondientes por la presunta falsedad en documento.
A este escándalo académico se suma una revelación reciente sobre la gestión administrativa de Guerrero. Según la información que ha salido a la luz, la exfuncionaria habría liderado una presunta red de contratos, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de los recursos y los nombramientos dentro de las entidades donde ejerció influencia.
Para comprender el ascenso de Juliana Guerrero en la estructura del poder ejecutivo, es necesario remontarse al año 2022. Según revelaciones de la emisora Blu Radio, su vínculo con el proyecto político de Gustavo Petro comenzó durante la campaña presidencial. En aquel entonces, Juliana y su hermana, Verónica, se desempeñaban como líderes de las juventudes en el departamento del Cesar, donde impulsaron activamente la candidatura del actual mandatario.
Durante este periodo de activismo regional, las hermanas Guerrero establecieron vínculos con personas del círculo cercano al jefe de Estado. Entre estas figuras destaca René Hernández, quien en la administración saliente ocupó el cargo de director de Consulta Previa. Estos nexos fueron fundamentales para que la trayectoria de las jóvenes pasara del activismo territorial a la gestión gubernamental en la capital.
Sin embargo, el traslado de las hermanas Guerrero a Bogotá no fue una decisión planificada, sino una medida de urgencia. Debido a amenazas de muerte derivadas de su militancia política a favor del petrismo en su región natal, ambas debieron abandonar Valledupar hace aproximadamente dos años. Al llegar a Bogotá, se asentaron en el barrio Santa Fe, donde residían en una habitación mientras buscaban estabilidad.
En medio de esta situación de vulnerabilidad, se pusieron en contacto telefónico con una persona cercana al presidente Petro para solicitar auxilio. Esta persona, en una reunión posterior con el jefe de Estado, recordó el contundente apoyo que las jóvenes habían brindado a su candidatura en la región Caribe. Como respuesta a esta solicitud y en reconocimiento a su labor política, Gustavo Petro dio la autorización para que fueran vinculadas laboralmente en la rama Ejecutiva.
A partir de este momento, se concretaron los nombramientos: Juliana Guerrero fue asignada a un contrato en el Ministerio del Interior, mientras que su hermana Verónica fue vinculada a Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento de Planeación Nacional.
El ascenso de Juliana Guerrero fue vertiginoso. El punto de inflexión ocurrió cuando ella y su hermana lograron obtener una cita privada en el despacho presidencial. En dicho encuentro, informaron al presidente sobre una presunta trama de corrupción que estaría operando al interior de Colombia Compra Eficiente. Este acto consolidó su confianza ante el mandatario, permitiéndole escalar rápidamente en la jerarquía del Ministerio del Interior, donde llegó a ocupar los cargos de enlace territorial y, posteriormente, jefa de gabinete.
No obstante, este ascenso acelerado terminó en un descenso abrupto. Los escándalos relacionados con sus títulos académicos y las denuncias sobre la red de contratos se hicieron públicos, provocando su salida de los focos de poder justo cuando el Gobierno Petro se encamina a su final.
Este caso surge en un contexto de transición política agitado. Mientras se desestapan estas irregularidades, el país se prepara para el cambio de mando, con la confirmación de la sede y hora de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, evento que contará con la asistencia de presidentes y la presencia de un rey. Asimismo, el nuevo gobierno ya ha empezado a definir sus piezas, destacando la designación de Natalia López como ministra del Trabajo, mientras que el actual mandatario enfrenta otras complicaciones legales, como la denuncia radicada por Angie Rodríguez.
