El Gobierno liderado por la presidenta Keiko Fujimori ha formulado oficialmente su pedido de delegación de facultades legislativas, una solicitud que fue discutida durante la primera sesión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo solicita que estas facultades sean otorgadas por un periodo de 120 días, con el objetivo de emitir decretos legislativos en materias críticas como seguridad ciudadana, asuntos militares y policiales, así como en el ámbito penal, procesal penal y de ejecución de la pena de cárcel.
Dentro del proyecto de ley, se detalla que el gobierno de Fuerza Popular busca implementar una medida alineada con su plan de gobierno: que las Fuerzas Armadas asuman la dirección de los penales. Complementando esta estrategia de seguridad, se contempla un proyecto de decreto supremo destinado a declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario.
En el plano laboral y tributario, la propuesta del Ejecutivo es amplia y busca introducir cambios significativos. El Gobierno pretende regular la jornada de trabajo y los aportes correspondientes a ESSALUD, AFP y ONP, además de modificar el régimen de gratificaciones y vacaciones para permitir que existan mayores acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Asimismo, el proyecto plantea "perfeccionar" el régimen de extinción de contratos de trabajo, lo que implicaría flexibilizar los despidos basados en causas objetivas. Estas medidas requerirán la intervención coordinada del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la SUNAFIL, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SUNAT.
En materia tributaria, el Ejecutivo solicita la capacidad de modificar y optimizar los regímenes actuales y las obligaciones formales. Entre las propuestas destaca la creación de un impuesto a la renta empresarial único que cuente con tasas marginales crecientes. Por otro lado, con el fin de incrementar la productividad nacional, el Gobierno propone modificar el régimen de feriados no laborables para reducir su número.
Respecto a la estructura del Estado, el pedido de facultades incluye la potestad de crear, reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos, bajo el argumento de mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental. En esta línea, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará informes sobre la reorganización de su propia cartera y un proyecto de decreto supremo para reformar la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Cabe resaltar que, durante su discurso de toma de mando, la presidenta Keiko Fujimori había adelantado que solicitaría estas facultades, asegurando en aquel momento que el objetivo principal sería enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el pedido presentado actualmente se centra primordialmente en la reforma del Estado y la seguridad interna.
El proceso legislativo para la aprobación de estas facultades comienza en la Cámara de Diputados, que posee la competencia exclusiva para debatir las propuestas del presidente. Una vez aprobado en dicha cámara, el expediente se traslada al Senado, que actúa como instancia revisora y puede aprobar, modificar o rechazar la ley autoritativa.
Si las facultades son otorgadas, el Ejecutivo deberá dar cuenta de cada decreto legislativo emitido al Senado dentro de los tres días posteriores a su publicación. Posteriormente, la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo verificará que las normas no contravengan la Constitución ni excedan el ámbito delegado. Si el Pleno del Senado decide modificar o derogar un decreto, la norma resultante será promulgada por el presidente del Congreso.
Sobre este pedido, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que los esfuerzos deberían priorizar el uso de tecnología para enfrentar la crisis de seguridad. Valdés sugirió la contratación del sector privado para organizar las denuncias y la firma de un protocolo relacionado con el Convenio de Budapest para coordinar con Meta la identificación de usuarios de WhatsApp. Además, recordó que durante el gobierno de PPK se utilizaron facultades similares para estructurar el Ministerio del Interior y la Policía.
Finalmente, Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, destacó la importancia de la simplificación administrativa para eliminar requisitos innecesarios que dificultan proyectos de infraestructura y minería. Gaviño calificó como oportunos los ajustes propuestos para mejorar la coordinación entre el Midagri y la ANA, señalando que los procesos actuales de esta última generan demoras significativas en proyectos de inversión.
