La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, ha generado una considerable controversia en el ámbito legislativo al anunciar que existe un sector crítico dentro de su propia bancada respecto a las modificaciones propuestas para la Ley del Sistema Eléctrico. Según las declaraciones de la legisladora, al menos diez congresistas pertenecientes al Partido Liberal han manifestado su intención de votar en contra de las reformas, una postura que incluye incluso el rechazo a la contrapropuesta impulsada por su propia institución política.
El núcleo de la objeción de la diputada Espinal se centra en la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. La legisladora fue enfática al calificar dicha propuesta como «lesiva para la población hondureña», argumentando que el planteamiento ha sido politizado. Uno de los puntos más críticos señalados por Espinal es que la propuesta original del Gobierno abre la puerta a un proceso de privatización del sector eléctrico, lo cual representa un riesgo significativo según su análisis.
A pesar de este rechazo frontal a la propuesta gubernamental, Saraí Espinal no negó la urgencia de actualizar el marco legal que rige el sector eléctrico del país. La diputada reconoció que es necesario realizar cambios en la legislación vigente para mejorar la operatividad y eficiencia del sistema. Sin embargo, sostuvo firmemente que las condiciones actuales no son las adecuadas para proceder con la aprobación de una reforma de tal magnitud, sugiriendo que apresurar el proceso sin los consensos o datos necesarios podría ser contraproducente.
La postura de la legisladora se vuelve aún más compleja al abordar el anteproyecto elaborado por el propio Partido Liberal. Espinal manifestó reservas claras sobre esta alternativa, señalando que existe un riesgo latente de que la institución política asuma el costo político de una reforma que, a su juicio, no resolvería los problemas estructurales que afectan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). De esta manera, la diputada advierte que simplemente cambiar la ley no es sinónimo de solucionar las deficiencias profundas de la estatal eléctrica.
Uno de los argumentos más sólidos presentados por la diputada es la ausencia de una auditoría integral. Espinal cuestionó el hecho de que se esté impulsando una modificación legislativa sin contar previamente con un informe detallado sobre la situación financiera y administrativa de la ENEE. Para la legisladora, es imposible tomar decisiones informadas sobre la ley si no se conoce la realidad operativa de la empresa.
En un tono crítico, Espinal utilizó una analogía médica para describir la falta de información técnica: «No tenemos una radiografía de la empresa, no sabemos quiénes son los deudores ni cuánto vale realmente la ENEE. ¿Quién va a invertir en una empresa que está quebrada?», expresó la diputada. Con estas palabras, subrayó que la incertidumbre sobre el valor real de la estatal y la falta de claridad sobre su cartera de deudores hacen que cualquier intento de inversión o reforma sea inviable o riesgoso.
La legisladora insistió en que cualquier camino hacia una reforma debe estar estrictamente sustentado en información técnica y financiera veraz. Solo a través de datos reales se podrá conocer el estado actual de la ENEE y evaluar con precisión cuál sería el impacto real de los cambios propuestos en la ley. Sin este respaldo técnico, la reforma se percibe más como una decisión política que como una solución técnica.
Finalmente, Saraí Espinal lanzó una advertencia sobre las posibles repercusiones de aprobar estas reformas a ciegas. Señaló que actuar sin los insumos técnicos y financieros adecuados podría generar consecuencias negativas no solo para el país en términos de servicio y economía, sino también para los propios diputados que decidan respaldar la iniciativa en el Congreso Nacional, quienes podrían enfrentar el costo político de una medida ineficaz o perjudicial.
