La situación de inseguridad y el aumento de la delincuencia en Uruguay han alcanzado un punto crítico que, según diversas advertencias, solo podrá resolverse mediante una inversión financiera significativa y una reasignación profunda de los recursos del Estado. La semana comenzó con la confirmación de un incremento en la cifra de homicidios, registrándose 12 casos más que en el mismo semestre del año anterior, y culminó con un trágico ataque en la rambla del Parque Rodó, donde un niño de 12 años perdió la vida, otro de 14 resultó gravemente herido y cuatro personas más fueron afectadas. Las primeras informaciones sugieren que este hecho, ocurrido en el marco de "picadas", podría ser una represalia por un quíntuple homicidio sucedido hace quince días.
Lejos de ser simples conflictos entre traficantes menores, la problemática es más profunda. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió recientemente ante el Parlamento que el crimen organizado ha penetrado en toda Sudamérica, llegando al punto de amenazar la integridad física de fiscales y policías. Ferrero señaló que tres o cuatro fiscales ya han visto comprometida su seguridad, subrayando la urgencia de no dejar a la Justicia "ciega y amordazada" por falta de cargos y recursos.
Para combatir el avance del crimen organizado, los expertos coinciden en la necesidad de mejorar las investigaciones y fortalecer la Policía y la Fiscalía, pero especialmente en volcar recursos hacia el sistema carcelario. Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, afirmó que la única solución real es invertir en las cárceles. Sanjurjo fue tajante al señalar que las medidas represivas o el uso de blindados son insuficientes, comparando tales acciones con intentar tratar un cáncer con omeprazol. Según Sanjurjo, se requiere una terapia más costosa centrada en la rehabilitación, separando a los jóvenes delincuentes o microtraficantes de los narcos de mayor rango, brindándoles estudio y trabajo para evitar que sean reclutados por organizaciones criminales.
En paralelo, la Fiscalía atraviesa una crisis presupuestaria severa. Mónica Ferrero reveló que, para el año 2025, el 72% de la ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones se logró mediante la no cobertura de vacantes, utilizando esos cargos para sostener la operatividad básica. La Fiscalía requiere una partida de 150 millones de pesos para dejar de depender de estas economías precarias. Además, Ferrero denunció la pérdida constante de funcionarios debido a los "pases en comisión" hacia la Administración Central o el Parlamento, solicitando que se prohíban estas transferencias y que se permita a la Fiscalía recaudar el 5% de las multas de tránsito en rutas nacionales. Entre sus pedidos urgentes figuran la creación de ocho cargos de fiscales letrados, un fiscal letrado suplente y una segunda Fiscalía de Lavado de Activos.
Mientras la Justicia lucha con recursos limitados, surge un fuerte cuestionamiento sobre el gasto público superfluo. Aunque el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció un ajuste de 1.321 millones de pesos en la administración central y ministerios, eliminando vacantes por un valor de 891 millones anuales entre 2027 y 2029, existen sectores que consideran estas medidas insuficientes. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha manifestado que los recortes no son bastantes y propone reducir la plantilla del Estado en un 1%, eliminar viajes oficiales para conferencias de cambio climático y suprimir gastos de protocolo.
Un ejemplo puntual de este gasto cuestionado es el del canciller Mario Lubetkin, quien acumuló al menos 160 días en misión oficial, incluyendo siete viajes a Roma. Estos desplazamientos implicaron un gasto de 80.511 dólares en viáticos y hasta 168.222 dólares en pasajes aéreos, a menudo en primera clase. Asimismo, se critica el envío de una delegación de 23 miembros a Suiza en febrero para rendir cuentas sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde el sector privado, Enrique Baliño, consultor y fundador de Xn Partners, sostuvo que la prioridad número uno debe ser la seguridad y que el Estado debería "cargar todas las balas" en esa área, eliminando gastos de lujo como hoteles y pasajes en business class. Baliño cuestionó la existencia de oficinas estatales que generan pérdidas o que resultan redundantes, sugiriendo que la afirmación de que "no hay plata" para la seguridad es falsa.
El análisis histórico muestra que la promesa de reducir la "gordura del Estado" y aplicar un "bisturí" a la burocracia, planteada en la campaña de 2019, no se materializó. A pesar de los discursos de austeridad, el número de funcionarios públicos ha crecido: en 2024 hubo 313.796 vínculos laborales, 918 más que en 2019. Esta tendencia ascendente se mantiene en el proyecto de Rendición de Cuentas 2025, que cierra con 4.473 vínculos más que el año anterior, alcanzando la cifra más alta desde que existen registros, impulsado principalmente por incrementos en la ANEP y ASSE.
Ante este escenario, el llamado es a una reasignación urgente de los fondos públicos. Como concluyó la fiscal Ferrero, la gravedad de la situación es tal que ya existen "daños colaterales" y cualquier ciudadano puede convertirse en víctima. La lucha contra la inseguridad requiere que el dinero del Estado sea destinado a lo que es prioritario, obligando a los legisladores y al gobierno a recortar y eliminar gastos superfluos para fortalecer la seguridad nacional.
