La Unión Clasista de Trabajadores (UCT) ha intensificado sus actividades de organización y concienciación en diversas regiones del país, enfocando sus esfuerzos en la defensa de dos pilares fundamentales para la clase obrera: la libertad sindical y el derecho a la cesantía. A pesar de ser una organización de reciente creación y de enfrentar notables limitaciones en cuanto a recursos materiales, la UCT ha logrado posicionar sus demandas mediante la organización de un congreso con sesiones distribuidas en todo el territorio nacional.
Durante el desarrollo de estas sesiones regionales, la organización se ha centrado en la educación de los obreros asistentes. El objetivo principal de estos encuentros es instruir a los trabajadores sobre la importancia crítica de defender sus reivindicaciones laborales. En particular, se ha hecho énfasis en la necesidad de proteger el derecho a organizarse sindicalmente y la urgencia de salvaguardar la conquista de la cesantía, un derecho que, según advierte la organización, se encuentra actualmente bajo una amenaza grave por parte de la oligarquía patronal.
El análisis realizado por la organización señala que la libertad sindical ha sido prácticamente suprimida en el país desde hace varios años. En este contexto, la cesantía, aunque permanece vigente legalmente, es objeto de una lucha constante por parte de la aristocracia patronal, cuyo objetivo final es su liquidación definitiva. Esta tensión no es un fenómeno reciente, sino que responde a una estrategia sostenida en el tiempo por los sectores empresariales.
Para comprender la magnitud de esta disputa, es necesario remitirse a los hechos ocurridos en el año 2009. En aquel entonces, el gobierno encabezado por el presidente Leonel Fernández convocó a un encuentro denominado la Cumbre de las Fuerzas Vivas. En dicho evento, el sector patronal aprovechó el espacio para plantear formalmente la anulación de la cesantía, considerándola un derecho adquirido que debía ser eliminado.
Ante esta convocatoria oficialista, las fuerzas progresistas decidieron no asistir a la cumbre, optando en su lugar por organizar una cumbre alternativa. Sin embargo, este esfuerzo no logró tener la resonancia esperada. De manera llamativa, en este encuentro alternativo estuvieron ausentes dos consignas fundamentales que deberían haber encabezado la agenda: la defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia imperialista y el respeto irrestricto a la libertad sindical.
La presión patronal no se detuvo con el fin de la cumbre oficial. Para marzo de ese mismo año, la oligarquía patronal lanzó un nuevo ataque, reiterando su propuesta de reformar el Código Laboral con el fin específico de anular la cesantía. Los promotores de esta reforma justificaron su propuesta argumentando que dicha medida serviría para garantizar el empleo de los obreros. No obstante, este intento de modificación legal fue frenado gracias a una serie de pronunciamientos oportunos emitidos desde diversas tribunas de opinión y, sorprendentemente, desde el propio seno del sector empresariado, lo que obligó a los impulsores del proyecto a retroceder.
A pesar de aquel retroceso temporal, la vigilancia de los sectores laborales nunca se relajó, pues se preveía que el sector patronal no desistiría en su empeño antiobrero. Diecisiete años después de aquellos eventos, la situación se ha repetido. La oligarquía patronal ha vuelto a atacar el derecho a la cesantía, demostrando que el objetivo de eliminar este beneficio laboral sigue intacto en su agenda.
Ante este escenario, se plantea que quienes asumen la defensa de los trabajadores tienen el deber ineludible de mantener una vigilancia constante. La demanda es clara: respeto total a la libertad sindical y la prohibición de tocar la cesantía. Dado que esta problemática trasciende a una sola organización, se hace un llamado a que el conjunto de las organizaciones sociales encuentren la vía para conformar un frente de acción común que permita defender estas dos demandas fundamentales de manera coordinada y efectiva.
