Un juzgado de Medellín ha emitido la primera condena penal en el marco del escándalo de corrupción que afecta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). El sentenciado es Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Tras confesionar su responsabilidad en la falsificación de documentos, Cardona Henao fue sentenciado a 19 meses de prisión por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.
La condena es el resultado de un preacuerdo alcanzado entre el implicado y la Fiscalía General de la Nación. Durante las diligencias judiciales, el contador admitió haber elaborado y utilizado al menos 15 documentos falsos, entre los que se incluyen cuentas de cobro y diversos soportes documentales. Según la confesión, estos papeles fueron utilizados para justificar el desembolso de recursos públicos destinados a la adquisición de bienes o la prestación de servicios que, en la realidad, nunca se llevaron a cabo.
Para el ente acusador, este testimonio y la aceptación de cargos son piezas fundamentales para desentrañar un sofisticado sistema de malversación de fondos que presuntamente desangró las arcas del Área Metropolitana durante el periodo de gobierno anterior. El caso ha generado una fuerte presión judicial sobre varios altos funcionarios de dicha entidad y personas cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
El origen de este escándalo se remonta al año 2021, cuando la organización ciudadana Veeduría Todos Por Medellín dio las primeras alarmas sobre irregularidades en la ejecución de convenios interadministrativos entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí. Las denuncias se centraban en la compra de kits y la impartición de capacitaciones. Investigaciones periodísticas posteriores, realizadas por el diario El Colombiano, profundizaron en los cuestionamientos sobre los criterios de selección de los Bomberos de Itagüí, señalando que, aunque es una de las corporaciones más grandes de la región, no presentaba una capacidad técnica significativamente superior a la de otras entidades pares que podrían haber sido contratadas.
Los contratos bajo investigación ascendían inicialmente a un monto de 17.645 millones de pesos. Entre los objetos contractuales se encontraban cursos de atención prehospitalaria, la adquisición de implementos para combatir la pandemia de covid-19, el financiamiento de un viaje al extranjero para 25 socorristas, la realización de talleres y seminarios dirigidos a la ciudadanía, y la entrega de 3.000 paquetes que incluían camisetas, gorras y tapabocas.
La Veeduría Todos Por Medellín sostuvo que en gran parte de estos contratos existían indicios claros de sobrecostos, graves falencias en las labores de interventoría y la ejecución de actividades que carecían de soportes reales. Según las estimaciones de la organización ciudadana, la malversación de fondos podría ascender a los 6.000 millones de pesos.
El contexto político del caso es igualmente complejo. Durante el cuatrienio anterior, el Área Metropolitana estuvo dirigida por Juan David Palacio Cardona, quien fue postulado para el cargo por el entonces alcalde Daniel Quintero. Asimismo, resalta la figura de Misael Cadavid, líder de los Bomberos de Itagüí, quien estuvo en el centro de la polémica tras la filtración de audios en noviembre de 2021. En dichas grabaciones, Cadavid sugería haber recibido apoyos del exalcalde Quintero para su aspiración a la Cámara de Representantes, mencionando la posibilidad de conseguir cargos públicos. Cadavid fue capturado posteriormente y ha logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía para colaborar con la justicia.
Actualmente, la investigación continúa avanzando y existen otros implicados clave en el proceso. Entre ellos se encuentran Miguel Quintero, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero; Álvaro Alonso Villada García, quien fue subdirector financiero del AMVA; Sebastián Ortega Urán, hijo de un político influyente de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del Área Metropolitana y exsecretaria de Medio Ambiente. La Fiscalía sigue trabajando para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados en este entramado de presunta corrupción.
