Este 28 de julio, la derechista Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú, marcando el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo después de 25 años. La hija del fallecido autócrata Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, llega al cargo en un contexto caracterizado por la polarización social y una marcada desconfianza institucional. Su agenda de gobierno se presenta centrada en cuatro ejes fundamentales: seguridad, economía, salud y educación.
En materia de seguridad, que ha sido la prioridad central de su campaña, Fujimori ha propuesto un plan orientado al endurecimiento de las medidas contra la delincuencia y el crimen organizado. Entre las acciones concretas se encuentra la ampliación de los sistemas de videovigilancia, la creación de centros de comando y control distribuidos en todo el territorio nacional y el reforzamiento de la presencia policial. Asimismo, el programa de gobierno contempla la construcción de cuatro megaprisiones.
En el ámbito del desarrollo interno, la nueva mandataria propone impulsar obras de infraestructura, atraer mayores niveles de inversión privada y construir nuevos hospitales y colegios. Para lograrlo, plantea modernizar la gestión del Estado mediante la implementación de tecnología y el uso de inteligencia artificial. No obstante, la ejecución de estas promesas estará condicionada al margen fiscal del Gobierno, considerando que el país enfrenta brechas significativas en servicios públicos, problemas de inseguridad y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.
A pesar de las promesas, el plan de seguridad ha recibido críticas. La politóloga Eliana Carlin, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló a DW que, más allá de propuestas puntuales como que los presos trabajen por su comida, Fujimori no ha presentado un plan amplio para combatir la inseguridad. Carlin cuestionó la coherencia de estas medidas, señalando que el fujimorismo ha impulsado desde el Congreso leyes denominadas "procrimen" que dificultan la tipificación de organizaciones criminales. Además, la experta manifestó su preocupación por los derechos humanos, especialmente ante la posibilidad de someter a la Policía y a las Fuerzas Armadas únicamente a fueros militares.
Paralelamente, el nuevo Gobierno se instala en un momento donde Perú posee una posición estratégica en América del Sur, situándose en el centro de la competencia entre Estados Unidos y China. Un elemento clave en este escenario es la inauguración del puerto de Chancay, una infraestructura con una inversión estimada de 3.500 millones de dólares. Este puerto permitirá reducir el tiempo de transporte marítimo entre Perú y China de 40 a aproximadamente 23 días, consolidando a Chancay como un puente logístico fundamental entre Sudamérica y Asia.
La importancia económica de China es evidente, siendo actualmente el principal socio comercial de Perú con un intercambio anual que supera los 40.000 millones de dólares según datos de 2024. Por su parte, Estados Unidos se mantiene como el segundo socio, con un intercambio cercano a los 25.000 millones de dólares. Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente de Diálogo Interamericano, afirma que Perú es probablemente el país de la región donde más se evidencia la competencia entre Pekín y Washington. Shifter destaca que el puerto de Chancay tiene una dimensión regional, ya que facilitará el comercio de varios países sudamericanos con Asia y se vincula a los corredores bioceánicos que conectan el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil y Perú.
En cuanto a la política exterior, Fujimori ha manifestado su intención de fortalecer la cooperación con Estados Unidos, particularmente en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Esto incluye la posible participación en el "Escudo de las Américas", una coalición impulsada por Donald Trump que ya cuenta con Gobiernos de derecha de Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. Shifter sugiere que esta adhesión sería principalmente una señal política de afinidad con la Administración Trump.
A pesar de esta inclinación hacia Washington, los expertos coinciden en que una ruptura con China es improbable. Eliana Carlin sostiene que, aunque la agenda con Estados Unidos pesará más simbólicamente, Perú no tiene la capacidad de prescindir de China. Shifter coincide en que el mayor reto será mantener el equilibrio, dado que el papel de China es fundamental para la economía y el puerto de Chancay goza de un amplio consenso interno.
Finalmente, mientras algunos interpretan este triunfo como parte de un giro a la derecha en América Latina, Shifter matiza que el caso peruano es complejo, ya que Fujimori ha sido un actor central durante años en un país que ya seguía una línea pragmática. Por el contrario, Carlin prevé un endurecimiento de la posición internacional de Perú y una alineación más marcada con Gobiernos de derecha.
