El Gobierno peruano ha declarado un estado de emergencia sanitaria nacional con una vigencia de 90 días, tras la detección de un brote de influenza aviar H5N1 en una granja avícola ubicada en San Vicente de Cañete, en la región de Lima. Esta medida ha puesto el foco de atención sobre uno de los sectores económicos más críticos para la seguridad alimentaria del país, debido a la alta dependencia de la población hacia esta proteína.
De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Peruana de Avicultura (APA), el pollo es la proteína más consumida por los ciudadanos peruanos, con un promedio anual de 55 kilogramos de carne de ave y 243 huevos por persona. Ante este escenario, la preocupación central radica en la capacidad del sistema productivo para reponer las aves que deban ser sacrificadas sanitariamente y así evitar un impacto negativo en el abastecimiento nacional.
Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha precisado que, hasta el momento, no se han detectado brotes de influenza aviar en las granjas comerciales dedicadas a la producción de carne de pollo ni en las de gallinas ponedoras de huevos. Según la entidad, estos planteles operan con niveles de bioseguridad más elevados, lo que permite prevenir la infección de manera más efectiva.
No obstante, el Senasa advirtió que el proceso de reposición de aves no es inmediato. Por protocolos de bioseguridad, una vez que se realiza el sacrificio sanitario y la desinfección de una zona afectada, debe transcurrir un periodo mínimo de 28 días antes de ingresar nuevas aves al plantel. Para mitigar cualquier riesgo de desabastecimiento, la entidad informó que el Perú cuenta actualmente con granjas reproductoras y plantas de incubación que producen diariamente pollos BB —aves de un día destinadas a la producción de carne y huevos— para cubrir la demanda interna. Asimismo, se destacó que el país sigue estrictamente los protocolos de importación de genética aviar provenientes de Estados Unidos y Brasil.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de su Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), ha desplegado un equipo especializado para monitorear los posibles efectos de esta emergencia sobre los precios al consumidor. Entre las variables que se están analizando se encuentran el número de granjas afectadas, la cantidad de aves sacrificadas, la eventual reducción de la oferta de pollos para beneficio y las posibles restricciones comerciales que mercados internacionales podrían imponer a las exportaciones peruanas.
Curiosamente, el Midagri señaló que, aunque el mercado se rige por la ley de oferta y demanda, existe una alta probabilidad de que los precios bajen en el corto plazo. Esto se debería a que la alarma generada en la población a través de las redes sociales podría reducir la demanda. Para contrarrestar este efecto, la APA y el Senasa están difundiendo comunicados, videos y reels informativos para aclarar que el problema no afecta el suministro de pollo fresco ni de huevos.
Desde una perspectiva económica, Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC, explicó que los costos principales de la industria avícola dependen del insumo (maíz) y la energía. Indicó que el maíz se ha mantenido estable internacionalmente, con variaciones de entre el 2% y el 4%, mientras que el precio del petróleo está sujeto a la situación internacional en Irán. Ballena señaló que la demanda solo se vería alterada significativamente si se difundieran noticias más crudas sobre la influenza, lo que llevaría a los consumidores a buscar productos sustitutos, a pesar de que el pollo representa más del 90% de la producción avícola en el país.
En concordancia, Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, sostuvo que una declaratoria de emergencia, al ser una medida preventiva de vigilancia, no debería implicar necesariamente un alza de precios. Para Gee, el costo solo subiría de forma importante si se produce una reducción efectiva de la oferta, lo cual ocurriría si los brotes alcanzan granjas de gran tamaño, si el sacrificio de aves es masivo o si se interrumpe el transporte desde las zonas productoras hacia los mercados.
Finalmente, los expertos advirtieron sobre el factor tiempo. Mientras que en el mercado mayorista el impacto podría verse en cuestión de días debido a que el pollo es un producto perecible con poco inventario, en los mercados minoristas la transmisión del precio podría tardar semanas. El riesgo macroeconómico real, concluye el análisis, aparecería únicamente si este brote localizado se transforma en una reducción considerable y sostenida de la oferta nacional.
