La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha tomado una decisión definitiva respecto a la operatividad de Diviso Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A. (Diviso SAF). A través de la Resolución N° 074-2026-SMV/02, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el organismo regulador declaró infundado el recurso de apelación presentado por la empresa, ratificando así la revocación de su autorización de funcionamiento.
Esta sanción administrativa es la culminación de un proceso iniciado con la Resolución de Superintendencia Adjunta N° 007-2026-SMV/10, emitida en enero, en la cual se comprobó que la administradora realizó una oferta pública de valores sin contar con la inscripción reglamentaria en el Registro Público del Mercado de Valores, incumpliendo así la normativa vigente en el Perú.
Según las investigaciones detalladas por la SMV, entre el 10 de abril de 2019 y el 20 de febrero de 2025, Diviso SAF llevó a cabo múltiples emisiones de instrumentos de deuda, específicamente bonos corporativos. Estas operaciones estaban respaldadas por los fondos de inversión denominados DIA FI y DIC FI. Para la colocación de estos valores, la entidad utilizó a Diviso Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. (Diviso SAB), quien actuó como el intermediario principal dentro del grupo económico Diviso GF.
El alcance de estas operaciones afectó a un total de 506 inversionistas, de los cuales el 92% eran personas naturales. En términos cuantitativos, la entidad emitió 705 series para el fondo DIA FI y 417 series para el fondo DIC FI. Un dato relevante revelado por la autoridad es que la mayoría de estos valores fueron suscritos por ahorristas de la financiera CREDINKA, entidad que formó parte del grupo Diviso GF hasta mayo de 2025.
La SMV identificó graves irregularidades en la calificación de los inversionistas. La normativa exige requisitos estrictos para que una persona sea considerada "inversionista institucional", categoría que permite ciertas flexibilidades en la oferta de valores. Sin embargo, la investigación determinó que una gran parte de los adquirentes no cumplía con estos requisitos legales. Específicamente, se identificó a 341 personas que, antes de realizar la inversión, habían manifestado explícitamente carecer de experiencia en inversiones y no poseer el patrimonio mínimo exigido por la ley.
Uno de los puntos más críticos del caso es la modalidad de captación de fondos. La SMV basó sus conclusiones en testimonios y documentos que demuestran que numerosos clientes realizaron estas operaciones bajo la creencia de que estaban renovando depósitos a plazo fijo en la financiera CREDINKA. En realidad, los ahorristas estaban adquiriendo bonos corporativos privados emitidos por Diviso SAF, un instrumento con riesgos sustancialmente distintos a un depósito bancario.
Estas denuncias se concentraron principalmente en las regiones de Cajamarca y Apurímac, donde personas que se presentaban como representantes de la entidad financiera o del agente de bolsa realizaban ofrecimientos de manera presencial. La autoridad concluyó que el modo de ofrecimiento, la cantidad de personas involucradas y la falta de transparencia sobre los riesgos asociados configuraban una oferta pública de valores, la cual obligatoriamente requiere inscripción previa y entrega de información clara a los potenciales inversionistas.
La crisis se agudizó a partir de septiembre de 2024, cuando la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) intervino y disolvió a CREDINKA debido a un deterioro progresivo de su situación financiera. Tras este evento, un volumen considerable de inversionistas comenzó a denunciar el impago de capital e intereses de los bonos emitidos por Diviso SAF.
Actualmente, el capital pendiente de pago asciende a aproximadamente S/ 107 millones, afectando directamente a 344 inversionistas, desglosados en 329 personas naturales y 15 personas jurídicas. La SMV consideró como agravantes el hecho de que se haya persistido en la captación de fondos incluso cuando se utilizaba una entidad ya intervenida, y que gran parte del dinero captado fuera destinado a empresas vinculadas al propio grupo económico Diviso GF.
Durante el proceso de descargos, Diviso SAF no logró presentar pruebas suficientes para refutar los hallazgos de la supervisora ni pudo acreditar que los clientes fueran efectivamente inversionistas institucionales. La SMV señaló que las declaraciones juradas presentadas por la empresa no tenían validez suficiente ante la ausencia de portafolios mínimos u otra documentación respaldatoria.
Finalmente, la resolución deja claro que la revocación de la licencia de funcionamiento no exime a Diviso SAF de sus obligaciones financieras con los inversionistas, ni libera a sus directivos de posibles responsabilidades administrativas por los hechos ocurridos. Con la publicación de la Resolución N° 074-2026-SMV/02, la SMV ha dado por agotada la vía administrativa en este caso.
