La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha presentado un exhaustivo informe detallando la ejecución del Presupuesto General de la República para el año 2026. En este documento, la organización civil lanza una advertencia clara y directa sobre la situación financiera del país, señalando que Honduras mantiene una dependencia creciente del endeudamiento externo e interno para poder cumplir con sus compromisos financieros básicos.
Uno de los puntos más críticos del monitoreo ciudadano elaborado por la ASJ se centra en el origen de los fondos utilizados para solventar la deuda pública. Según el análisis, de cada 100 lempiras destinados al pago de dicha deuda, una parte considerable proviene de nuevas obligaciones crediticias. Específicamente, el informe revela que 38 lempiras provienen de nuevos préstamos, mientras que 43 lempiras se derivan de los impuestos recaudados por el Estado. El porcentaje restante de los fondos se obtiene de otras fuentes de financiamiento.
Para la ASJ, esta estructura financiera refleja una dinámica preocupante que podría comprometer seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. La organización sostiene que, de no adoptarse medidas urgentes orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público y a reducir la dependencia del crédito, el Estado hondureño podría enfrentar dificultades mayores para gestionar su solvencia económica.
El informe fue presentado formalmente en la ciudad de Tegucigalpa, como parte de las acciones de seguimiento ciudadano a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año en curso. Durante la presentación, la organización no solo se enfocó en la deuda, sino que también alertó sobre el preocupante nivel de ejecución del presupuesto nacional durante los primeros seis meses de 2026.
De acuerdo con los datos presentados en el documento, al cierre del mes de junio, el Gobierno de Honduras había ejecutado únicamente el 35 % del presupuesto general. Esta cifra representa solo una fracción de los 443,966.69 millones de lempiras que fueron aprobados para el ejercicio fiscal de este año. Esta baja ejecución implica que las instituciones gubernamentales tienen la tarea de ejecutar el 65 % restante del presupuesto durante el segundo semestre del año.
La ASJ advierte que esta acumulación de gasto hacia el final del periodo fiscal incrementa significativamente el riesgo de que se tomen decisiones apresuradas en la asignación de los fondos. Asimismo, señalan que esta situación deriva en una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya que la presión por gastar el presupuesto antes del cierre del año puede afectar la transparencia y la planificación institucional necesaria para que el dinero llegue a donde realmente se necesita.
El informe también pone el foco en sectores considerados prioritarios para el desarrollo social, los cuales mantienen niveles de ejecución presupuestaria alarmantemente bajos. En el caso específico de la Secretaría de Salud, la ejecución alcanza apenas el 34.5 %, mientras que la Secretaría de Educación registra un avance del 42.2 %.
La ASJ indicó que existen programas específicos que presentan avances muy limitados, destacando especialmente aquellos proyectos relacionados con la infraestructura escolar y otras iniciativas educativas que estaban contempladas dentro del presupuesto vigente. La organización subrayó que estos retrasos en la ejecución no son simples cifras administrativas, sino que podrían tener un impacto directo y negativo en la prestación de los servicios públicos y en la atención de las necesidades sociales más urgentes de la población.
Otro de los hallazgos más relevantes del informe es la alta concentración de los recursos. El documento señala que solo seis instituciones concentran el 71 % del presupuesto de la Administración Central. De acuerdo con el desglose, el mayor porcentaje de estos recursos corresponde al servicio de la deuda pública. Le siguen en importancia las asignaciones para las secretarías de Educación y Salud. En una proporción menor, aparecen las asignaciones destinadas a Infraestructura y Transporte, así como Seguridad y Defensa Nacional. La ASJ señaló que esta distribución refleja la configuración actual de los recursos públicos dentro del aparato estatal.
Ante este panorama, la Asociación para una Sociedad más Justa recomendó la implementación de un cronograma trimestral de ejecución presupuestaria. Este cronograma debería contar con metas verificables que permitan un seguimiento más riguroso y transparente del gasto público a lo largo del año.
Además, la organización planteó la necesidad imperativa de fortalecer la planificación institucional. El objetivo sería evitar que una parte tan significativa de los recursos sea ejecutada durante el último trimestre del año, reduciendo así la improvisación. Finalmente, la ASJ insistió en que el Estado debe priorizar proyectos orientados al crecimiento económico, la mejora sustancial de los servicios públicos y el bienestar general de la población, asegurando así una administración más eficiente y responsable de los recursos estatales.
