La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha presentado un exhaustivo informe técnico sobre la ejecución del Presupuesto General de la República para el año 2026, en el cual lanza una serie de advertencias críticas sobre la salud financiera del Estado hondureño. El documento, presentado recientemente en Tegucigalpa, pone de relieve una tendencia preocupante: Honduras mantiene una dependencia creciente del endeudamiento externo e interno para poder hacer frente a sus compromisos financieros ya contraídos.
De acuerdo con el monitoreo ciudadano realizado por la organización, el mecanismo de pago de la deuda pública presenta una dinámica insostenible. La ASJ detalla que, por cada 100 lempiras destinados al cumplimiento de las obligaciones crediticias del país, 38 lempiras provienen de la adquisición de nuevos préstamos, mientras que 43 lempiras se cubren a través de los impuestos recaudados por el Estado. El porcentaje restante es solventado mediante otras fuentes de financiamiento. Esta estructura sugiere que el país está recurriendo a nuevas deudas para pagar las anteriores, un ciclo que, según la ASJ, compromete seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo si no se implementan medidas urgentes para optimizar el gasto y reducir la dependencia del crédito.
Además del problema del endeudamiento, el informe revela una situación alarmante respecto a la capacidad del Gobierno para ejecutar los fondos aprobados. Al cierre del primer semestre de 2026, la organización alertó sobre un bajo nivel de ejecución presupuestaria a nivel nacional. Las cifras indican que, al finalizar el mes de junio, el Gobierno solo había ejecutado el 35 % del Presupuesto General, el cual asciende a un total de 443,966.69 millones de lempiras aprobados para el presente ejercicio fiscal.
Esta disparidad presupuestaria implica que las instituciones públicas tienen el desafío de ejecutar el 65 % restante de los recursos durante el segundo semestre del año. La ASJ sostiene que concentrar la mayor parte del gasto en los últimos seis meses incrementa significativamente el riesgo de que se tomen decisiones apresuradas, disminuyendo la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, la organización advierte que esta acumulación del gasto al final del periodo fiscal puede afectar negativamente la transparencia y la planificación institucional, ya que la urgencia por ejecutar el presupuesto podría desplazar el análisis técnico y la rigurosidad en la asignación.
El análisis sectorial incluido en el informe muestra que las áreas consideradas prioritarias para el desarrollo social son las más afectadas por esta lentitud administrativa. En el caso de la Secretaría de Salud, la ejecución presupuestaria apenas alcanza el 34.5 %. Por su parte, la Secretaría de Educación registra un avance del 42.2 %. La ASJ subraya que diversos programas críticos presentan avances muy limitados, destacando especialmente los proyectos destinados a la infraestructura escolar y otras iniciativas educativas contempladas en el presupuesto vigente. Según la organización, estos retrasos no son meramente administrativos, sino que tienen un impacto directo y tangible en la calidad de la prestación de los servicios públicos y en la atención de las necesidades sociales más urgentes de la población.
Otro hallazgo relevante del informe es la alta concentración de los recursos financieros en unas pocas entidades. La ASJ señala que tan solo seis instituciones concentran el 71 % del presupuesto de la Administración Central. El mayor porcentaje de estos fondos se destina al servicio de la deuda pública, seguido en importancia por las asignaciones para las secretarías de Educación y Salud. En una proporción menor, se encuentran las partidas destinadas a Infraestructura y Transporte, así como a Seguridad y Defensa Nacional. Para la organización, esta distribución refleja la estructura actual de prioridades y gestión de los recursos públicos dentro del aparato estatal.
Ante este panorama, la Asociación para una Sociedad más Justa ha propuesto una serie de recomendaciones estratégicas para mejorar la gobernanza financiera. En primer lugar, sugieren la implementación de un cronograma trimestral de ejecución presupuestaria que incluya metas verificables, lo que permitiría un seguimiento más riguroso y transparente del gasto público a lo largo del año.
Asimismo, la ASJ planteó la necesidad imperativa de fortalecer la planificación institucional para evitar que el gasto se concentre en el último trimestre. Finalmente, la organización insistió en que el Estado debe priorizar proyectos que impulsen el crecimiento económico, mejoren la calidad de los servicios públicos y promuevan el bienestar general de la ciudadanía, asegurando así una administración más eficiente y responsable de los recursos del Estado.
