El Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a diversos productos procedentes de Brasil. Esta determinación fue ordenada por el presidente Donald Trump tras finalizar una investigación comercial que se extendió durante un año, fundamentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La medida ha sido respaldada firmemente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien manifestó que esta acción es una respuesta directa a la falta de voluntad negociadora del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. A través de un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que el mandatario brasileño no ha negociado “de buena fe” con Washington y sostuvo que Lula ha priorizado “su propio ego” por encima de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que beneficiara al pueblo de su país.
El jefe de la diplomacia estadounidense fue tajante al calificar las políticas económicas de la administración de Lula como “malas para los estadounidenses y malas para los brasileños”, responsabilizando directamente al Gobierno de Brasil por la incapacidad de lograr un entendimiento comercial bilateral.
Por su parte, Jamieson Greer, embajador y representante comercial de Estados Unidos, explicó que los nuevos gravámenes tienen como objetivo proteger los intereses económicos estadounidenses frente a lo que describió como prácticas comerciales desleales. Greer señaló que, aunque las negociaciones del último año no lograron resolver las diferencias, Washington mantiene la puerta abierta al diálogo.
Entre las acusaciones específicas formuladas por Greer, se encuentra el perjuicio causado a empresas tecnológicas estadounidenses, un retroceso en la implementación de medidas anticorrupción y la ventaja competitiva de agricultores brasileños que utilizarían tierras deforestadas ilegalmente. Según el diplomático, estos factores han obstaculizado el acceso de exportadores, productores y trabajadores de Estados Unidos al mercado brasileño.
La decisión de la Administración Trump no fue inmediata; se basó en un proceso exhaustivo que incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, la realización de dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por diversas organizaciones y particulares. Además, durante este mes, 77 testigos comparecieron en las audiencias antes de que se adoptara la medida definitiva.
La reacción del Gobierno de Brasil fue inmediata y severa. La Presidencia brasileña anunció que iniciará los trámites para aplicar la ley de reciprocidad contra los aranceles impuestos por Estados Unidos. En una nota compartida por el presidente Lula da Silva en sus redes sociales, se calificó el 15 de julio de 2026 como un “hito lamentable” en la historia de las relaciones entre ambas naciones.
La Administración de Lula rechazó tajantemente la aplicación de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que no existe justificación para adoptar medidas unilaterales. Como prueba de ello, el comunicado brasileño destacó que, según estadísticas del propio Gobierno de Estados Unidos, Washington ha acumulado un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil durante los últimos 15 años.
Asimismo, Brasil recordó que en 2025 el 76% de las importaciones estadounidenses entraron al país sin pagar aranceles, con un gravamen medio aplicado de apenas el 3,1%. El Ejecutivo brasileño aseguró haber mantenido la mesa de negociación abierta durante todo el año, presentando pruebas que, según ellos, refutan las acusaciones de prácticas desleales.
En cuanto a los puntos específicos cuestionados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) —como el sistema de pagos electrónicos PIX, las leyes de protección de propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal—, el Gobierno de Lula defendió la legitimidad de sus normativas. Especialmente, defendió la regulación de las redes sociales y el sistema PIX, asegurando que no renunciará a proteger a las familias y a la infancia frente a la “codicia de un puñado de tecnooligarcas”.
El conflicto ha adquirido un tinte político interno en Brasil, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, donde se prevé un enfrentamiento entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro. El Gobierno brasileño calificó la medida estadounidense de “tarifazo” y acusó a la familia Bolsonaro de colaborar activamente en la construcción de un relato para perjudicar al país con fines electorales, calificándolos de “falsos patriotas”.
El contexto legal de la familia Bolsonaro es complejo: Jair Bolsonaro cumple actualmente una pena de veintisiete años de cárcel en arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado contra Lula. Eduardo Bolsonaro fue condenado recientemente a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por impulsar sanciones contra Brasil desde Estados Unidos para entorpecer el juicio contra su padre. Finalmente, se reveló que Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump solicitando el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones, por temor a que la medida beneficiara electoralmente a Lula.
Ante esto, el Ejecutivo brasileño concluyó que la protección de la soberanía nacional es una obligación que prevalece sobre cualquier partido o tendencia política, asegurando que el Gobierno no vacilará en su deber de preservarla. Brasil ha informado que, además de la reciprocidad, planteará el conflicto ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
