Un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional busca proteger el patrimonio de los jubilados, pensionados, sobrevivientes y herederos en Panamá, quienes actualmente enfrentan pérdidas significativas al intentar convertir sus certificados de pago en dinero en efectivo de manera anticipada. La propuesta legislativa tiene como objetivo principal evitar que este sector de la población pierda hasta un 30% del valor nominal de sus documentos financieros.
La iniciativa ha sido impulsada por el diputado Javier Sucre, integrante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien propone establecer un límite máximo del 10% al descuento que las entidades autorizadas pueden aplicar al negociar los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) y los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).
Actualmente, los beneficiarios que requieren liquidez inmediata se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente al mercado de negociación de estos títulos emitidos por el Estado. Diversos reportes indican que las entidades que compran estos certificados aplican descuentos que superan el 20% y, en algunos casos, alcanzan el 30% del valor nominal. Esta situación reduce drásticamente el monto final que el jubilado o heredero recibe en sus manos, afectando su capacidad económica.
El impulso de esta discusión legislativa cobró mayor fuerza a partir del pasado 15 de junio, fecha en la que inició la entrega de los Cepanim en la provincia de Panamá. Este proceso reactivó las quejas y reclamos de los pensionados y jubilados, quienes denunciaron los elevados costos asociados a la negociación anticipada de sus certificados, evidenciando la necesidad de una regulación que limite el impacto financiero para el usuario final.
El corazón del anteproyecto plantea que la tasa de descuento aplicada en las operaciones de negociación, tanto para los Cepanim como para los Cepadem, no pueda exceder el 10% de su valor nominal. Según se detalla en el documento presentado, la finalidad de esta medida es garantizar que los beneficiarios reciban la mayor parte del dinero que el Estado ha reconocido, combatiendo lo que el legislador califica como una "especulación financiera" que se ha generado alrededor de estos instrumentos de pago.
Para hacer viable este límite, la propuesta contempla la intervención de instituciones estatales. En primer lugar, el Banco Nacional de Panamá quedaría facultado para crear programas de redescuento, financiamiento, compra o diversos mecanismos de liquidez. El objetivo de estas herramientas sería disminuir el costo financiero que deben asumir los beneficiarios al momento de negociar sus documentos.
Complementariamente, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que incluya los recursos necesarios dentro del Presupuesto General del Estado. Estos fondos estarían destinados a subsidiar, ya sea de forma total o parcial, el costo financiero de estas operaciones, asegurando así que el descuento efectivo aplicado al ciudadano no supere el límite del 10% establecido en la ley.
Además de la limitación del descuento, el proyecto de ley pone un fuerte énfasis en la transparencia de las transacciones. De aprobarse, todas las entidades autorizadas para negociar estos certificados —incluyendo bancos, cooperativas, financieras, casas de valores y comercios— estarían obligadas a entregar información detallada y por escrito al beneficiario antes de cerrar cualquier operación.
Dicha información deberá incluir obligatoriamente: el valor nominal del certificado, el monto final que el beneficiario recibirá, el porcentaje de descuento aplicado, la cantidad exacta de dinero descontada y el costo financiero total de la operación. Asimismo, el anteproyecto prohíbe estrictamente que estas entidades cobren cargos adicionales, ya sea de forma directa o indirecta, que tengan como resultado elevar el descuento aplicado al beneficiario por encima del tope legal.
El camino hacia la implementación de esta medida requiere ahora que la Asamblea Nacional analice la propuesta una vez que se instalen las comisiones permanentes correspondientes. Mientras el debate legislativo avanza, los jubilados y pensionados continúan enfrentando la difícil decisión de esperar el pago correspondiente según los plazos estatales o aceptar los descuentos actuales del mercado para obtener efectivo inmediato.
