El Gobierno de Bolivia ha implementado una medida económica urgente mediante la promulgación del Decreto Supremo 5652, el cual establece el congelamiento de los precios de los combustibles en todo el territorio nacional hasta enero del próximo año. Esta decisión ejecutiva surge como una respuesta directa para frenar el impacto que la fluctuación del dólar estadounidense está generando sobre la economía interna, en un contexto crítico caracterizado por el desabastecimiento de hidrocarburos y el malestar social derivado de la calidad del suministro.
Para hacer viable esta disposición, el Estado boliviano ha dispuesto la asignación de recursos adicionales a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El objetivo de esta transferencia financiera es subsidiar la diferencia existente en los costos de importación, permitiendo que el precio final al consumidor no se vea afectado por el incremento de los costos operativos externos.
De acuerdo con la normativa jurídica establecida en el decreto, los valores comerciales de diversos productos esenciales permanecerán fijos por un lapso de seis meses. Los combustibles incluidos en esta medida son el diésel, la gasolina, el gas natural vehicular (GNV), el gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas destinadas a la aviación. Una vez concluido este periodo de tregua financiera, las tarifas del mercado regulado serán recalculadas. Para dicho proceso, se tomarán como variables indexadas el precio internacional del crudo y el tipo de cambio oficial de la divisa estadounidense.
Como parte inmediata de este nuevo esquema de fijación de precios, el Gobierno ha anunciado una reducción de cinco centavos por galón en las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel, medida que entró en vigencia el pasado 12 de julio.
El vocero de la presidencia, José Luis Gálvez, explicó en una comparecencia de prensa que la aprobación de esta norma modifica directamente el Reglamento de Precios de los Productos Derivados de Petróleo. Es importante recordar que dicho reglamento técnico había fijado nuevas escalas tarifarias en diciembre pasado, inmediatamente después de que se diera por terminada una subvención estatal histórica que había mantenido los costos artificialmente bajos durante dos décadas.
Tras el levantamiento de aquel subsidio original, los precios experimentaron alzas significativas: el litro de gasolina se situó en 6,96 bolivianos (equivalente a un dólar) y el diésel alcanzó los 9,80 bolivianos (1,40 dólares). Estos montos representaron incrementos del 86% y 162%, respectivamente. En este escenario, la adopción de un sistema de tipo de cambio flexible para el dólar amenazaba con encarecer nuevamente estos insumos, lo que motivó la intervención gubernamental.
Sobre la pertinencia del decreto, Gálvez manifestó que la medida es "muy loable" ya que evita que cualquier modificación en la fluctuación del dólar con respecto a la moneda nacional tenga un efecto directo en el precio de los productos derivados del petróleo.
A pesar de que el Ejecutivo admitió que no es posible calcular con exactitud matemática el monto total de la compensación económica debido a la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, el instrumento legal otorga facultades expresas al Ministerio de Economía. Esta cartera podrá transferir partidas financieras a YPFB hasta un techo de Bs 1.000 millones (97.846 dólares) para cubrir el diferencial operativo de las importaciones.
El portavoz gubernamental argumentó que el mantenimiento de las tarifas representa un esfuerzo colectivo para evitar que el impacto económico sea mayor en los sectores de la población más necesitados.
Por otro lado, la administración del presidente Rodrigo Paz vinculó la escasez registrada en las estaciones de servicio a diversos factores. Entre ellos destacan la implementación de rigurosos controles de calidad, el contrabando en las fronteras y los severos bloqueos de carreteras que inmovilizaron la infraestructura del país durante casi dos meses, específicamente entre mayo y junio.
La problemática estructural de Bolivia radica en su alta dependencia externa. Actualmente, el país importa casi la totalidad del diésel que demanda su parque automotor y más del 50% de la gasolina requerida para el consumo doméstico. Esta situación se ha agravado por la falta crónica de divisas, provocada por el declive en la producción local de hidrocarburos, lo que ha encarecido la adquisición de los cargamentos externos. Asimismo, el descontento ciudadano ha crecido desde inicios de año debido a reiteradas denuncias sobre averías mecánicas vinculadas a deficiencias en la calidad del combustible suministrado.
