La economía peruana ha atravesado un periodo de inestabilidad y fluctuaciones significativas desde el impacto de la crisis sanitaria. Tras el "rebote" registrado en 2021 y el retorno a un nivel de crecimiento normal del 2.8% en 2022, el país enfrentó una recesión del -0.4% en 2023. Aunque las proyecciones para 2024 y 2025 indican una expansión cercana al 3.5%, este dinamismo económico no ha logrado permear en el bienestar fundamental de la fuerza laboral.
Un reciente informe elaborado por Horizonte Laboral y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, revela que los niveles de empleo formal, el acceso a la salud y la cobertura de pensiones se mantienen en niveles muy similares a los de 2019, es decir, antes de la pandemia. El sistema de protección social del país ha permanecido prácticamente estancado durante los últimos cinco años.
Para medir este fenómeno, se utilizó el Índice Regional de Protección Social (IRPS), que evalúa tres dimensiones críticas: empleo, salud y pensiones. El índice, medido en una escala de 0 a 1, pasó de 0.49 en 2019 a apenas 0.50 en 2024, evidenciando un avance marginal. Este resultado plantea una interrogante sobre los factores que frenan la cobertura social a pesar del crecimiento económico registrado en el periodo.
Mayén Ugarte, presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, sostiene que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en una mejora de la protección social. Según la especialista, la expansión de la economía respondió en gran medida al desempeño de sectores específicos, como la minería, lo cual no generó necesariamente un aumento en el empleo formal ni una ampliación de los servicios de protección social.
El análisis regional del IRPS expone una fragmentación territorial profunda. Mientras que el Callao se posiciona como el líder con una puntuación de 0.80 en 2024, regiones como Ayacucho, Cajamarca y Puno permanecen en la base del ranking, atrapadas en un rezago histórico que no ha sido revertido en el último lustro. El informe describe una geografía donde algunos territorios acumulan oportunidades mientras otros apenas sostienen lo mínimo.
En cuanto a la dimensión del empleo, el indicador cerró en 0.60, la misma cifra de 2019. La realidad estadística es cruda: solo el 24.6% de la población económicamente activa cuenta con un empleo formal, lo que significa que tres de cada cuatro trabajadores están fuera del sistema. Además, solo el 16% posee un empleo adecuado, definido como aquel que ofrece ingresos suficientes y una jornada laboral acorde a los estándares.
Sobre este punto, Ugarte señala que la informalidad persiste debido a la dificultad de las empresas para crecer. Afirma que existen miles de pequeños negocios de baja productividad que enfrentan barreras para convertirse en medianas empresas. "Tenemos una ‘política pública’ que mantiene enanas a las empresas", criticó la especialista, señalando que el acceso limitado al crédito, los insuficientes incentivos de expansión y las cargas tributarias desalientan el crecimiento empresarial.
La dimensión de pensiones fue la única que mostró una ligera mejora, pasando de 0.58 en 2019 a 0.60 en 2024. No obstante, el panorama futuro es preocupante debido a los constantes retiros de fondos previsionales. Actualmente, solo 26 de cada 100 trabajadores aportan a un sistema de pensiones y apenas el 23% de los adultos mayores percibe una pensión superior a los S/ 444 mensuales. Esto obliga a que el 46% de la población en edad de jubilación continúe trabajando.
A esto se suma un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que para el año 2040 la población adulta mayor superará a la de hasta 15 años. Entre 2017 y 2025, la participación de personas de 60 años a más aumentó del 11.7% al 14.8%. Ante este escenario, una encuesta de Horizonte Laboral reveló que el 45% de las personas mayores de 35 años espera depender económicamente de sus hijos o familiares en la vejez, ya que solo una minoría posee inversiones o propiedades.
Finalmente, el área de salud muestra un estancamiento crítico con un índice de 0.29 en 2024, igual al de 2019. Solo el 18.9% de los trabajadores con problemas de salud logró acceder a una consulta médica, y el 29.9% de los hogares tuvo que asumir gastos de bolsillo que afectaron su estabilidad económica. A esto se suman las barreras geográficas, con tiempos de traslado promedio de 30 minutos a nivel nacional, superando los 40 minutos en regiones como Pasco y Ayacucho.
Ante el próximo cambio de Gobierno, el informe advierte que el crecimiento económico por sí solo no es garantía de bienestar social. Ugarte concluye que es urgente impulsar la productividad, facilitar el crecimiento empresarial, fortalecer la atención primaria de salud y ampliar la cobertura previsional para evitar que el país llegue a la próxima década con los mismos problemas y una población más envejecida.
