La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado, a través de un nuevo informe ya remitido a la Audiencia Nacional, la existencia de una trama de presiones dirigida a altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El objetivo de estas maniobras era asegurar un rescate financiero de 112,8 millones de euros para la empresa Tubos Reunidos, una firma industrial estrechamente vinculada al Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Según las investigaciones, el nacionalismo vasco habría maniobrado para salvar a la compañía, la cual atravesaba graves problemas financieros en el momento de las gestiones. Como contrapartida por estas intervenciones, la trama habría percibido comisiones que superan los 250.000 euros. El informe detalla que la empresa pagaría mensualidades de 5.000 euros entre los años 2021 y 2023, además de otras bonificaciones calificadas como «de agradecimiento», que elevaron la cifra total de los pagos.
El esquema de influencias habría sido liderado por Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. De acuerdo con la UCO, ambos maniobraron ante la entidad pública para allanar el camino al rescate millonario. Para lograrlo, se desplegó una red de contactos y presiones sobre directivos clave de la entidad. Entre ellos destaca Rosario Martínez Manzanedo, a quien en las comunicaciones intervenidas se refieren como «Charo». Martínez, directora del área de Participadas de la SEPI, era la persona encargada de la tramitación de la solicitud de ayuda.
La Guardia Civil ha aportado pruebas a través de mensajes intervenidos. En uno de ellos, fechado el 23 de noviembre de 2020, «Charo» Martínez escribía a Vicente Fernández —quien presidió la SEPI hasta octubre de 2021— consultándole si era correcta la información de que Tubos Reunidos había solicitado 100 millones de euros en forma de préstamo participativo y preguntándole cómo veía dicha solicitud.
El informe de la UCO señala que Fernández mantenía comunicaciones constantes, tanto por WhatsApp como mediante aplicaciones encriptadas, con otros directivos estratégicos. Entre ellos aparecen Miguel Ángel Santiago, director corporativo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, director de otra de las áreas de Participadas con influencia sobre el rescate, y Federico Castaño, quien fue director de medios de la entidad hasta octubre de 2021.
La investigación también ha puesto al descubierto reuniones clave entre Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Este grupo se habría reunido con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el exsenador Joseba Aurrekoetxea, junto a otros cargos nacionalistas, con el fin de impulsar el rescate gubernamental de Tubos Reunidos. El éxito de esta operación habría quedado incluso registrado en la agenda de la persona conocida como la «fontanera» del PSOE.
En el marco de este caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Díez, Fernández y Alonso constituyeron una estructura paralela a la SEPI entre 2021 y 2023. Esta organización habría servido para favorecer la concesión de contratos y rescates aprovechando su capacidad de influencia y sus relaciones personales. La UCO estima que esta estructura medió en al menos cinco operaciones distintas, cuyo valor conjunto asciende a 132,9 millones de euros, contando para ello con la colaboración de diversos cargos públicos.
Los tres investigados mantenían un chat de WhatsApp denominado «Hirurok» (que significa «nosotros tres» en euskera). Según las sospechas de la UCO, este grupo habría cobrado más de 750.000 euros en comisiones totales por sus gestiones.
Finalmente, el informe detalla la trayectoria de Vicente Fernández, quien dimitió de la presidencia de la SEPI en octubre de 2019 tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Posteriormente, trabajó para Servinabar, percibiendo 128.000 euros entre 2021 y 2023. Asimismo, se ha revelado que la empresa Tubos Reunidos, que recibió el rescate aprobado por el Gobierno en julio de 2021, mantuvo a Fernández como consultor externo durante cuatro años tras la concesión de la ayuda pública.
