En un contexto donde la corrupción se mantiene como un tema recurrente en la vida cotidiana de la República Dominicana, alimentado frecuentemente por denuncias, insinuaciones y comentarios en el ámbito público, se han reportado avances concretos en las acciones oficiales de control y prevención de este flagelo. En este marco, la Contraloría General de la República ha informado sobre una expansión significativa de sus Unidades de Auditoría Interna (UAI), buscando robustecer la fiscalización de los recursos del Estado.
De acuerdo con la información comunicada por el organismo, la cantidad de Unidades de Auditoría Interna ha pasado de ser 197 en el año 2020 a proyectarse en 293 para el año 2026. De este incremento, se destaca que seis de estas unidades han sido instaladas durante los primeros cinco meses de la gestión actual, liderada por Geraldo Espinosa Pérez. Estas nuevas dependencias han sido implementadas en instituciones clave para el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Específicamente, las nuevas unidades de control interno están operando en el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, y el Departamento Aeroportuario. Asimismo, se ha extendido la vigilancia administrativa al sector salud con la instalación de unidades en el hospital Ciudad Juan Bosch, el hospital Municipal Francisco Vicente Castro y la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.
Las UAI se definen como dependencias que están subordinadas directamente a la Contraloría General de la República y que se ubican físicamente dentro de las diversas instituciones gubernamentales. Su funcionamiento se rige bajo el ámbito de la Ley 10-07, la cual instituye el Sistema Nacional de Control Interno, proporcionando la base legal para que el Estado pueda supervisar el uso de sus activos.
Sobre la gestión de Geraldo Espinosa Pérez, se describe como un perfil técnico con una trayectoria consolidada dentro de la Contraloría, alejándose de perfiles políticos. Bajo su dirección, el organismo busca cumplir con sus funciones de rector del control interno, asegurando que la fiscalización del uso de los recursos públicos se realice estrictamente de acuerdo con los procesos administrativos y financieros establecidos en cada entidad estatal.
Como parte de las estrategias de capacitación, la Contraloría llevó a cabo recientemente el taller denominado “Nociones de Inteligencia Aplicada al Control Interno de la Armada de República Dominicana”. Esta jornada de formación estuvo dirigida al personal militar con el objetivo de fortalecer sus capacidades en materia de análisis de riesgos, prevención y control interno. El taller fue impartido por facilitadores pertenecientes a la Unidad Antifraude de la Contraloría, bajo la coordinación de la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI). Esta iniciativa responde al interés de mantener una capacitación permanente para los servidores públicos mediante el uso de herramientas innovadoras y conocimientos técnicos actualizados.
En relación con el respaldo al combate contra la corrupción, se reportó una visita del presidente Luis Abinader a la sede de la Contraloría General de la República, ubicada en el área posterior del Ministerio de Hacienda. Durante este encuentro, el mandatario recibió una presentación detallada sobre la operatividad y la evolución de la Unidad Antifraude desde su creación en el actual periodo gubernamental.
El jefe del Estado pudo conocer los principales resultados alcanzados por esta dependencia, así como las nuevas capacidades especializadas que posee en áreas de monitoreo, gestión de riesgos, análisis de información, investigación y coordinación interinstitucional. Estas herramientas están diseñadas para optimizar tanto la respuesta ante posibles irregularidades como las acciones preventivas.
La Unidad Antifraude se distingue por poseer un equipo multidisciplinario. Esta estructura integra a profesionales en diversas áreas, incluyendo abogados, contadores y especialistas en investigación, lo que permite que los procesos de indagación se desarrollen con un rigor técnico superior. A través de estas acciones, el organismo busca salvaguardar el patrimonio estatal, encargándose de prevenir, detectar e investigar cualquier uso indebido de los fondos públicos, en un esfuerzo por estrechar el cerco contra la corrupción en el país.
