El relato oficial que posiciona a España como la "locomotora de Europa" comienza a mostrar grietas profundas al contrastar las cifras macroeconómicas con la realidad social y laboral. Mientras el Gobierno destaca un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,8% para 2025 —el doble que el avance estimado para la zona euro, situado en el 1,4%—, un análisis detallado sugiere que este dato es más un espejismo estadístico que una señal de prosperidad compartida.
La narrativa de liderazgo se sostiene sobre un recorte selectivo de la perspectiva. Al comparar a España únicamente con las grandes economías de la eurozona, muchas de ellas estancadas, se oculta que, en el conjunto de la Unión Europea, España no fue la primera economía en crecimiento en 2025, sino la novena. Además, si se amplía el horizonte temporal al periodo comprendido entre 2019 y 2025, el país se sitúa en el vagón de cola de la recuperación. Esto se explica por el hecho de que España fue una de las naciones que más sufrió el desplome de 2020, y el rebote posterior ha sido insuficiente para recuperar el terreno perdido frente a otros socios comunitarios.
Los datos de organismos internacionales como el FMI y la OCDE refutan la tesis de la convergencia. En términos de renta per cápita (PPA), España se ha alejado del promedio de la OCDE: en 2018 se situaba en el 90,8% de la media, mientras que en 2025 ha caído al 88,4%. Respecto a la Unión Europea, el avance ha sido marginal, pasando de un índice de 91 sobre 100 en 2018 a 92 en 2025, un resultado insuficiente considerando los miles de millones invertidos en estímulos y fondos europeos.
El crecimiento actual no parece estar sustentado por un salto en la productividad, la cual permanece en niveles similares a los anteriores al choque de 2020. Según la OCDE, el tirón del PIB se apoya principalmente en la demanda interna, el turismo, los servicios y el incremento de la población vía inmigración, sectores que intensifican el uso de mano de obra pero ofrecen remuneraciones bajas y escaso contenido tecnológico. De hecho, el FMI proyecta que el PIB per cápita de España crecerá solo un 0,9% entre 2018 y 2027, cifra inferior al 1,0% previsto para la eurozona.
Esta falta de productividad se traduce en un deterioro del poder adquisitivo. Desde 2019, los salarios reales netos han caído aproximadamente un 3%. El impacto social es evidente: la carencia material severa ha ascendido del 7,7% al 8,1% en 2025, y el riesgo de pobreza y exclusión afecta ya al 19,5% de la población. En 2019, España ocupaba la sexta posición en la UE en riesgo de pobreza y exclusión; para 2024, ha ascendido al tercer puesto.
El mercado laboral es otro punto donde el discurso oficial choca con la realidad. A pesar de los récords de afiliación, dopados por el pluriempleo y contratos de pocas horas, los datos de mayo revelan más de 3,8 millones de parados reales, sumando los desempleados oficiales y los fijos discontinuos inactivos. España continúa liderando la tasa de paro de la Unión Europea, superando incluso a Grecia. La tasa de actividad se mantiene estancada en el 58,9%, y el paro juvenil ronda el 25%, el doble de la media de la eurozona.
Este escenario se desarrolla tras el despliegue del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente, incluyendo más de 140.000 millones en fondos europeos. Sin embargo, el coste ha sido elevado: la deuda pública ha aumentado en 500.000 millones, superando los 1,7 billones de euros, con gastos en intereses que ya exceden los 40.000 millones anuales.
Las perspectivas a futuro tampoco avalan el optimismo gubernamental. La Comisión Europea sitúa a España como el sexto país en crecimiento previsto para 2026, pero cae al decimocuarto puesto para 2027. Asimismo, el FMI prevé que el paro se mantendrá en dobles dígitos los próximos años, situándose en el 10,5% para 2026. En definitiva, el crecimiento del PIB parece ser una cifra que corre para quedarse quieta en los indicadores que realmente miden el bienestar: salarios, productividad y empleo de calidad.
