La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contra diversos artículos del decreto balear que regula los servicios de transporte taxi y VTC. El organismo regulador estatal considera que el texto normativo introduce restricciones que limitan la competencia de forma injustificada, lo que podría derivar en perjuicios directos tanto para los operadores del sector como para los consumidores finales.
Según la valoración del organismo independiente, el decreto 6/2026 contiene disposiciones que resultan «innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias». Es importante precisar que la CNMC no ha cuestionado la validez de la norma en su conjunto, sino que ha centrado su impugnación únicamente en aquellos preceptos que afectan al acceso y al ejercicio de la actividad profesional. Para el regulador, estas medidas concretas carecen de una justificación suficiente desde la perspectiva de la competencia y el funcionamiento del mercado.
El camino hacia la vía judicial no ha sido inmediato. Antes de presentar el recurso, la CNMC dirigió un requerimiento formal al Govern balear, instándolo a que modificara o eliminara los artículos considerados problemáticos. El objetivo de este aviso previo era alcanzar un acuerdo que evitara la necesidad de acudir a los tribunales. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico rechazó la propuesta de modificación, lo que ha llevado al organismo estatal a iniciar un procedimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que será la instancia encargada de determinar si los artículos impugnados se ajustan al ordenamiento jurídico vigente.
El núcleo del conflicto reside en que la CNMC sostiene que las disposiciones del decreto establecen barreras que restringen la entrada de nuevos operadores al mercado. Esta limitación, según el organismo, reduce la oferta global de servicios y, por ende, merma la capacidad de elección de los usuarios, todo ello sin que se haya demostrado una justificación proporcionada basada en el interés general.
Entre los puntos más controvertidos se encuentra la exigencia de antigüedad de los vehículos. El decreto estipula que los coches destinados a nuevas autorizaciones, tanto de taxi como de VTC, deben tener una antigüedad inferior a dos años desde su primera matriculación. La CNMC argumenta que esta limitación impide el acceso de vehículos que están en condiciones adecuadas para prestar el servicio, señalando que no se ha probado que dicha restricción suponga una mejora real en la calidad, la seguridad o la eficiencia del transporte.
Asimismo, el regulador cuestiona la norma relativa a la longitud mínima de los vehículos. El decreto fija un tamaño mínimo de 4,35 metros para taxis y VTC, aunque permite algunas excepciones para vehículos impulsados por energías alternativas. Para la CNMC, esta medida reduce injustificadamente la oferta de vehículos de menor tamaño y menos contaminantes. El organismo sostiene que permitir coches más pequeños contribuiría a una utilización más eficiente del espacio público y facilitaría la movilidad urbana sin que ello implique un menoscabo en el confort de los pasajeros.
Otro aspecto recurrido es el límite máximo de tres solicitudes de autorizaciones VTC que puede presentar un mismo titular en cada convocatoria municipal. La CNMC considera que esta restricción dificulta la entrada de nuevos operadores y evita que las empresas puedan beneficiarse de economías de escala. Desde el punto de vista del regulador, esta limitación repercute negativamente en la competencia y reduce las probabilidades de que los usuarios puedan acceder a precios más competitivos.
La prohibición del alquiler compartido en los servicios VTC es también uno de los puntos clave del recurso. El decreto balear impide la contratación de vehículos por plazas con pago individual, modalidad conocida como coche compartido. La CNMC advierte que eliminar esta fórmula reduce la oferta disponible y encarece el coste del transporte para el usuario. Además, subraya que el coche compartido es una herramienta útil para reducir la congestión del tráfico y disminuir las emisiones contaminantes asociadas al uso del vehículo privado.
Finalmente, la CNMC ha manifestado su discrepancia con la obligación impuesta a las empresas de VTC de publicar sus tarifas en una página web. Del mismo modo, ha recurrido el artículo que permite limitar las subidas de precios de los VTC en periodos de elevada demanda. Según el organismo regulador, restringir la posibilidad de aplicar precios dinámicos puede generar un efecto contrario al pretendido, afectando la eficiencia del mercado.
