Una gestión de fiscalización liderada por la exasambleísta Adriana García en mayo de 2024 ha generado cambios significativos en la estructura financiera y operativa del Puerto de Manta. El proceso de revisión del contrato entre la Autoridad Portuaria de Manta y el Terminal Portuario de Manta (TPM) permitió detectar pérdidas estatales cuantificadas en 23 millones de dólares, lo que motivó una intervención directa del Gobierno Nacional para renegociar los términos del acuerdo con la empresa delegada.
Como resultado de esta fiscalización y de la propuesta legislativa presentada por García, se logró una modificación sustancial en el canon de ingresos destinado al Estado. El porcentaje de beneficios pasó del 3% al 7.5%, duplicando así la contribución económica en favor del país. Esta iniciativa fue integrada formalmente en la Ley de Alivio Financiero, normativa que ya se encuentra vigente y que establece un marco legal para la recuperación de estos recursos.
En términos inmediatos, la Autoridad Portuaria de Manta y el municipio local ya han confirmado la recepción de un monto inicial de 1.5 millones de dólares. Estas entidades públicas han iniciado el despliegue de estos fondos en proyectos destinados al desarrollo de infraestructuras viales, la potenciación del sector turístico y la creación de nuevas oportunidades de empleo para la población local.
Por su parte, la Prefectura de Manabí también ha recibido los recursos económicos correspondientes a través de los canales oficiales de la Autoridad Portuaria. Estos fondos han sido invertidos específicamente en el fortalecimiento de la seguridad de las garitas de acceso portuario de la ciudad y en la ejecución de programas de capacitación técnica diseñados para los pescadores artesanales de la zona. Adriana García ha manifestado que mantiene un seguimiento personal de estos procesos para asegurar que el dinero se traduzca en un desarrollo provincial efectivo.
A pesar de estos avances, diversos sectores productivos demandan mayores acciones. El gremio de Transporte Pesado de Manabí ha solicitado con urgencia el impulso de las exportaciones directas a través del Puerto de Manta. Según el sector, esta medida es indispensable para dinamizar los procesos comerciales y reactivar la economía laboral de los transportistas pesados en toda la provincia. Además, se señala que la exportación local reduciría considerablemente los costos logísticos y los riesgos asociados a la inseguridad en las carreteras.
En el contexto nacional, se observa que la carga colapsa actualmente en los puertos de Guayaquil, específicamente en terminales como TECON, Bananapuerto, Contecon, TPG y Pozorja, lo que afecta la operatividad general del país. Ante este escenario, el puerto de Manta se presenta como una alternativa estratégica, especialmente para productos emblemáticos de la región como el cacao, el plátano y la industria atunera y pesquera. Incluso, provincias aledañas podrían canalizar sus mercancías por este terminal, siempre que se garanticen procesos de exportación transparentes y legales.
Para alcanzar este potencial, se ha señalado la necesidad de que el Terminal Portuario de Manta (TPM) implemente tarifas atractivas que incentiven al sector productivo regional y se invite a nuevas líneas navieras a operar regularmente en la zona, aprovechando sus condiciones naturales. Se recuerda que en 2019 el puerto ya había registrado niveles de exportación que demostraron su viabilidad operativa.
Asimismo, la estrategia de desarrollo provincial plantea una unificación entre el puerto y el Aeropuerto Eloy Alfaro. García ha indicado que los legisladores deben fiscalizar el aeropuerto local, ya que no se encuentra totalmente potencializado. Un ejemplo de los retrocesos en conectividad fue la eliminación de la ruta directa Manta-Galápagos por parte de la aerolínea local, lo cual afectó el turismo.
Finalmente, se ha enfatizado que la normativa vigente obliga a que el 70% de los recursos generados por la delegación permanezcan en la provincia. Con el contrato de delegación extendiéndose por los próximos 33 años, se hace un llamado a la voluntad política, la planificación estratégica y la vigilancia ciudadana para evitar que los recursos se utilicen con fines electorales y se conviertan, en cambio, en obras palpables y empleo sustentable para los manabitas.
