La estabilidad de un sistema democrático es un concepto complejo que a menudo se reduce, de manera simplista, a la celebración de elecciones periódicas. Sin embargo, el análisis profundo de la salud institucional revela que el acto de votar es solo una parte de la ecuación. Para que una democracia sea genuinamente estable, es imperativo que existan garantías mínimas que permitan que la disputa política se desarrolle en un marco de respeto y legalidad, evitando que las instituciones judiciales y electorales sean utilizadas como herramientas de presión, desgaste o intimidación contra aquellos actores políticos que resulten incómodos o críticos para ciertos sectores del poder.
Cuando el sistema legal se desplaza de su función original de impartir justicia para convertirse en un mecanismo de ataque político, se produce un fenómeno peligroso. En este escenario, una denuncia deja de ser un trámite procesal para transformarse en un titular mediático o en una herramienta de campaña electoral. El problema central radica en que, cuando una acusación se difunde masivamente antes de contar con un proceso sólidamente sustentado, el daño a la imagen y al capital político del afectado ya se ha consumado. En consecuencia, la resolución final del caso, sea cual sea, llega a menudo cuando el perjuicio político ya es irreversible, invalidando en la práctica la presunción de inocencia.
Es fundamental subrayar que el control institucional y el escrutinio ciudadano no son obstáculos para la democracia, sino componentes indispensables de la misma. Toda autoridad, sin excepción, debe estar sometida a la fiscalización para garantizar la transparencia en la gestión pública. Este proceso de vigilancia es legítimo y necesario. No obstante, existe una línea divisoria y peligrosa entre la fiscalización responsable y el uso de denuncias apresuradas o carentes de sustento con finalidades esencialmente políticas o electorales. La diferencia reside en la intención y en la solidez de las pruebas presentadas.
Un ejemplo tangible de esta tensión institucional se observa en la situación del alcalde Cristian Zamora. En el marco de los procesos impulsados ante el Tribunal Contencioso Electoral, se ha evidenciado que diversas denuncias interpuestas en su contra han sido archivadas. Las razones para estos archivamientos han sido claras: la falta de sustento suficiente o la existencia de inconsistencias procesales que impidieron que las acusaciones prosperaran. Este hecho pone de relieve la fragilidad de aquellas acciones legales que nacen más de una estrategia política que de una irregularidad jurídica comprobable.
A pesar de los archivamientos mencionados, el panorama no está totalmente despejado, ya que aún permanece pendiente una denuncia por presunta violencia política. Este proceso, como cualquier otro en un Estado de derecho, deberá ser probado y sustentado conforme a las normativas legales vigentes. El desafío reside en evitar que este proceso pendiente se utilice para mantener un estado de incertidumbre permanente sobre la viabilidad electoral de una candidatura. La instalación de un clima de sospecha y confrontación anticipada no solo afecta al individuo involucrado, sino que condiciona negativamente todo el escenario político local.
En el contexto específico de Cuenca, la ciudadanía permanece a la expectativa. La ciudad espera observar los resultados que se reflejen en la papeleta electoral y, paralelamente, cómo se resolverán definitivamente estos procesos judiciales y electorales. Esta atmósfera de incertidumbre no contribuye al fortalecimiento del debate democrático; por el contrario, obstaculiza la consolidación de reglas claras y justas para la competencia política, elementos que son vitales para cualquier proceso electoral saludable.
Finalmente, es necesario reflexionar sobre el estado de la institucionalidad en el país. En un entorno donde las instituciones son frágiles, el riesgo de convertir el sistema judicial y electoral en un campo de batalla política es elevado. Cuando la justicia se percibe como un arma para eliminar adversarios en lugar de un mecanismo para resolver conflictos, se debilita el pilar más importante de la sociedad: la confianza de los ciudadanos en la democracia. Proteger la integridad de los procesos judiciales es, en última instancia, proteger la capacidad del sistema para garantizar una competencia política equitativa y transparente.
