En un encuentro celebrado en Nueva York, al margen de las actividades programadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cancilleres de China y Panamá, Wang Yi y Javier Martínez-Acha, respectivamente, mantuvieron una reunión bilateral marcada por la necesidad de gestionar las crecientes tensiones entre ambas naciones. Este encuentro representa la primera cita de alto nivel entre los gobiernos de ambos países tras un periodo de enfriamiento en las relaciones diplomáticas provocado por conflictos legales y operativos en el sector portuario panameño.
Durante la sesión, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, hizo un llamado explícito al Gobierno de Panamá para que se asegure la protección de los intereses legítimos de las compañías chinas que operan en el territorio istmeño. Según un comunicado difundido este miércoles por el ministerio de Exteriores de China, Wang subrayó que las empresas de su país han dedicado años de esfuerzo a contribuir activamente al desarrollo económico de Panamá, impactando positivamente en la mejora de las condiciones de vida de la población local. En este sentido, el canciller chino expresó su firme deseo de que las autoridades panameñas implementen medidas eficaces para salvaguardar los derechos e intereses de dichas organizaciones.
Un punto central en el discurso de Wang Yi fue la advertencia sobre la influencia de agentes externos en la relación bilateral. El diplomático chino solicitó que los vínculos entre China y Panamá no se vean afectados por "interferencias externas", asegurando que la relación entre ambos países "no están dirigidas contra ningún tercero" y sostuvo que tampoco deberían verse "perturbadas por terceros". Esta declaración sugiere una preocupación de Pekín por la posible presión internacional que podría influir en las decisiones soberanas de Panamá respecto a las inversiones chinas.
El contexto de este encuentro está profundamente ligado a la crisis surgida en torno a los puertos cercanos al Canal de Panamá. La tensión escaló significativamente tras la salida del conglomerado CK Hutchison de la operación de dos terminales portuarias. Esta salida fue el resultado de una decisión del Supremo panameño, que declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de 25 años. Ante este hecho, el Gobierno chino manifestó su descontento en su momento, advirtiendo que Panamá pagaría "un alto precio" por tal determinación jurídica. Como consecuencia directa de esta resolución, la compañía afectada activó posteriormente un proceso de arbitraje internacional, reclamando una suma de al menos 2.000 millones de dólares al Estado panameño.
Por su parte, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, utilizó el espacio de la reunión para reafirmar los pilares fundamentales de la política exterior de su país. Martínez-Acha reiteró el compromiso inquebrantable de Panamá con el principio de "una sola China", asegurando explícitamente que su país no permitirá que Taiwán establezca instituciones en territorio panameño. Esta declaración busca dar tranquilidad a Pekín sobre la postura diplomática de Panamá en el tablero geopolítico.
En cuanto a la resolución de los conflictos actuales, el representante panameño apostó por la vía de un "diálogo constructivo" fundamentado en el respeto mutuo. Martínez-Acha expresó la voluntad del Gobierno de Panamá de "pasar página" respecto a las disputas recientes y trabajar en el fortalecimiento de la confianza bilateral. La intención manifestada es recuperar la estabilidad en las relaciones para evitar que los litigios legales afecten la cooperación económica y política entre ambas naciones.
La importancia de este encuentro radica en que constituye el primer acercamiento de alto nivel en los últimos meses, en un momento en que la incertidumbre jurídica y las reclamaciones financieras ponen a prueba la solidez de la alianza. Mientras China presiona por la seguridad jurídica de sus inversiones, Panamá busca equilibrar el cumplimiento de sus leyes internas con el mantenimiento de una relación estratégica con la potencia asiática.
