En una sesión llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió con el propósito de analizar la situación actual de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 en Colombia. Durante el encuentro, los representantes de los países miembros manifestaron un respaldo conjunto a la continuidad de los procesos derivados de dicho acuerdo y expresaron su apoyo explícito a la labor que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El punto central de la discusión fue la presentación del informe trimestral más reciente elaborado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. En este marco, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, intervino para hacer un llamado enfático a las partes involucradas. Guterres subrayó la importancia de preservar los avances que el Estado colombiano ha logrado alcanzar bajo el marco del Acuerdo de Paz, instando a que se sientan las bases necesarias para enfrentar los desafíos que se presentan en la actualidad.
Un aspecto relevante de la sesión fue el reconocimiento de la ONU hacia los avances judiciales de la JEP. La organización destacó específicamente la puesta en firme de sentencias fundamentales para la justicia transicional. Entre estas, se resaltaron las decisiones judiciales contra el antiguo secretariado de las extintas Farc por los delitos de secuestro, así como las sentencias dirigidas a militares que estuvieron involucrados en asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, hechos conocidos ampliamente como “falsos positivos”.
En cuanto a los aspectos financieros y operativos para el sostenimiento de la paz, el informe de la Misión de la ONU detalló que el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia ha aprobado una asignación económica superior a los 13 millones de dólares estadounidenses, cifra que equivale aproximadamente a 44.600 millones de pesos colombianos. Estos recursos están destinados a financiar iniciativas de paz a nivel local, con un enfoque particular en el apoyo al componente restaurativo de las sanciones propias dictadas por la JEP y en la implementación de acciones integrales para combatir las minas antipersonal.
Por su parte, Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, puso el foco en la situación de los excombatientes. Jenča subrayó la necesidad imperativa de proteger la seguridad física y asegurar las garantías judiciales de los más de 11.000 exintegrantes de las Farc que entregaron sus armas y se acogieron a la justicia transicional como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil. Según el funcionario, es esencial proteger los logros alcanzados, ampliar la seguridad y fomentar el desarrollo mediante una mayor presencia del Estado en aquellas regiones que han sido más afectadas por la violencia, asegurando siempre que las víctimas reciban justicia conforme a los términos establecidos en el Acuerdo.
La sesión también contó con intervenciones de representantes internacionales. Jeff Bartos, en representación de Estados Unidos, instó al Gobierno de Colombia a que priorice una ejecución rápida y efectiva de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz. Esta solicitud se alinea con la visión de acelerar los procesos pendientes para consolidar la estabilidad en el territorio.
Finalmente, el embajador de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, señaló que la implementación integral del Acuerdo Final de Paz constituye un componente fundamental para abordar las causas estructurales que han originado la violencia en el país. Al referirse a la JEP, el diplomático panameño destacó la relevancia de las sentencias que quedaron en firme en el Caso 01, vinculado a los secuestros cometidos por las extintas Farc, y en el Caso 03, relativo a los asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, reafirmando la importancia de estos procesos para la verdad y la reparación.
