El Gobierno de Brasil ha manifestado un fuerte rechazo ante la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer tarifas arancelarias del 25 por ciento sobre diversos productos brasileños. Esta medida, fundamentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, ha sido calificada por la administración brasileña como un golpe a las relaciones bilaterales. A través de una nota oficial de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, compartida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su cuenta de la red social X, se definió el 15 de julio de 2026 como «un marco lamentable» en la historia diplomática y comercial entre ambas naciones.
Desde el Palacio de Planalto, el Gobierno brasileño ha sido enfático al señalar que no existe una justificación válida para la adopción de estas medidas unilaterales. Para sustentar esta postura, Brasil recurrió a estadísticas del propio gobierno norteamericano, las cuales revelan que Estados Unidos ha acumulado un superávit de 424 mil 500 millones de dólares en bienes y servicios con Brasil durante los últimos 15 años. Según la perspectiva brasileña, este balance comercial contradice la premisa de que el país esté ejerciendo prácticas que justifiquen la imposición de aranceles.
La nota oficial detalla que, durante el último año, Brasil mantuvo una actuación permanente y activa ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El objetivo de estas gestiones era buscar el cierre de las investigaciones basadas en la Sección 301, presentando evidencias concretas para refutar las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos y técnicos, el Gobierno de Estados Unidos procedió con la implementación de las tarifas.
Uno de los puntos centrales de la disputa radica en las alegaciones estadounidenses relacionadas con el sistema de pagos instantáneos Pix, la regulación de las plataformas digitales y las políticas ambientales implementadas en Brasil. El Gobierno brasileño defendió categóricamente el sistema Pix, describiéndolo como un «patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital». Asimismo, el comunicado subrayó que el Estado no renunciará a proteger a sus ciudadanos, y específicamente a los menores de edad, frente a los posibles abusos de las grandes empresas tecnológicas.
En relación con el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, la administración de Lula da Silva fue contundente al afirmar que «la libertad de expresión no es carta blanca para la criminalidad», rechazando así que las normativas internas sean vistas como una barrera comercial o una vulneración de derechos.
La nota también puso de relieve la postura del sector privado. Durante las audiencias públicas realizadas la semana pasada por el USTR, se registró que 63 de las 78 intervenciones efectuadas por representantes de los sectores privados, tanto brasileños como estadounidenses, fueron contrarias a la imposición de estos aranceles, sugiriendo que el sector empresarial no ve con buenos ojos la medida.
Ante este escenario, Brasil anunció que adoptará acciones inmediatas para reducir los daños económicos y proteger los ingresos de las personas. Como estrategia a largo plazo, el país continuará con la diversificación de sus alianzas comerciales y la apertura de nuevos mercados para disminuir la dependencia de socios que apliquen medidas unilaterales.
En términos legales y normativos, la Presidencia informó que Brasil iniciará los trámites para accionar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, la cual fue aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional. Además, el Gobierno retomará el conflicto en el ámbito del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para buscar una resolución multilateral.
Finalmente, el Gobierno brasileño lanzó una advertencia política, señalando que el resultado de las investigaciones de la Sección 301 es el producto de un entramado construido con la colaboración activa de la familia del expresidente Jair Bolsonaro. El comunicado calificó a estos actores como «falsos patriotas que planificaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país», asegurando que fueron movidos por objetivos electorales.
