Para miles de ciudadanos en Quito, el uso del transporte público se ha transformado en una experiencia marcada por la incertidumbre y el temor. Lo que debería ser un servicio esencial se ha convertido, según el relato de diversas familias, en una suerte de ruleta donde el riesgo de sufrir un siniestro vial es una amenaza constante. Detrás de las estadísticas de accidentes, existen historias de vidas truncadas, secuelas permanentes y un sentimiento generalizado de abandono por parte de un sistema judicial que, a juicio de las víctimas, avanza con lentitud o permite que los responsables queden impunes.
Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el de Rony García, de 27 años, quien falleció el pasado 4 de mayo tras ser atropellado por un bus en el sector de El Conde, al sur de la capital, justo frente a su hogar. El proceso judicial reveló un dato alarmante: el conductor del vehículo, Jonathan Catota, presentaba 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. Aunque el implicado se encuentra actualmente en prisión preventiva, para su padre, Marcelo García, la sentencia penal no es suficiente para cerrar la herida ni para evitar que otros pasen por lo mismo.
Ante este escenario, Marcelo García, junto a otros familiares de víctimas, ha impulsado una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta propuesta, que ya ha sido acogida por la Asamblea Nacional, busca endurecer significativamente las penas para los conductores responsables de muertes en accidentes de tránsito. Mientras que actualmente las condenas oscilan entre los 10 y 12 años, la iniciativa plantea elevarlas hasta los 35 años en los casos más graves. Asimismo, la propuesta pretende instaurar la corresponsabilidad civil y penal, haciendo que los propietarios de los vehículos y las operadoras de transporte público también asuman la responsabilidad legal por los hechos.
La sensación de impunidad es un hilo conductor entre las víctimas. El caso de Rony no es el único; el 2 de abril, un bus que ignoró la luz roja en la avenida Mariscal Sucre, sector La Magdalena, provocó la muerte de Carlos Morales y su hija Mayra. El impacto fue tan severo que la unidad arrastró a las víctimas varios metros antes de incendiarse, obligando a los pasajeros a evacuar la unidad rápidamente.
Otra historia de dolor es la de Paola Yanchaguano, cuya vida familiar cambió el 7 de noviembre de 2025. Su hijo, un adolescente de 13 años, sufrió graves heridas cuando un bus arrancó bruscamente en Guamaní antes de que el menor terminara de subir. El vehículo aplastó la pierna izquierda del joven, quien requirió un injerto en la rodilla y tratamientos costosos. Yanchaguano denuncia que, a pesar de que el conductor acumula más de 1.300 dólares en multas y múltiples infracciones, sigue operando la unidad con normalidad.
Las cifras respaldan la preocupación ciudadana. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, entre enero y lo que va de 2026, se han registrado 91 siniestros que involucran al transporte público en Quito. En el mismo periodo, se emitieron 2.408 sanciones. Entre las cooperativas con mayor número de infracciones destacan Trasplaneta (187), Transporsel (170), Paquisha (150), Alborada (144) y Carcelén-Tarquí (139).
Aunque Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, afirma que los controles se han intensificado en las cooperativas reincidentes, existen voces críticas en la administración local. El concejal Wilson Merino ha cuestionado que se considere un incremento en la tarifa del transporte público cuando persisten fallas graves de seguridad y calidad, señalando que no hay cooperativas sancionadas que hayan estado implicadas en la muerte de personas.
Desde la perspectiva legal, el abogado especialista en tránsito Carlos Quinchuela sostiene que la crisis es tanto jurídica como social. Quinchuela argumenta que la eliminación de sanciones como la pérdida de puntos en las licencias ha debilitado el control, permitiendo que los conductores reincidentes simplemente paguen multas y sigan manejando.
Sin embargo, la falla más crítica se encuentra en el sistema judicial. Según Quinchuela, existe una carencia de jueces y fiscales especializados en accidentología vial, cinemática e ingeniería forense, conocimientos técnicos esenciales para resolver estos casos. Las estadísticas son reveladoras: de todos los accidentes que ocurren en Quito, solo el 60% llega a la Fiscalía y apenas el 20% llega a judicializarse realmente. El resto de los expedientes quedan atrapados en investigaciones previas, acuerdos extrajudiciales o simplemente son olvidados, dejando a las familias en un estado de "desangramiento constante" debido a las deudas médicas y el trauma psicológico.
