Un reciente informe presentado ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) ha puesto en evidencia la posición predominante de Costa Rica en el mercado global de una especie marina vulnerable. Según los datos revelados, el país se ha convertido en el principal exportador mundial de tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), concentrando una parte abrumadora del comercio internacional de este animal.
Las cifras detalladas en el reporte son contundentes: en los últimos cinco años, Costa Rica ha exportado más de 2.000 toneladas de carne y aproximadamente 1.000 toneladas de aletas de tiburón sedoso. Este volumen de exportaciones sitúa al país como responsable del 82% del comercio mundial de esta especie, la cual ha sido catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Esta situación ha generado una alerta internacional que podría derivar en una suspensión del comercio. Cites, el organismo encargado de regular el tráfico internacional de especímenes de fauna y flora silvestres, opera mediante un sistema riguroso de permisos y certificados que deben expedirse bajo condiciones específicas para garantizar que el comercio no amenace la supervivencia de las especies.
Sin embargo, existe una contradicción legal y administrativa interna en Costa Rica. Desde el año 2021, el tiburón sedoso ha sido incluido en la lista de especies de vida silvestre marino costera en peligro de extinción del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Asimismo, Randall Arauz, consultor de Políticas de Conservación Marina de Marine Watch International, señaló que, al encontrarse la especie en el Apéndice II de Cites, está protegida por el artículo 75 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, normativa que prohíbe expresamente el comercio de especies bajo dicha condición.
Este conflicto normativo ya ha llegado a instancias judiciales. En 2023, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de diversas organizaciones conservacionistas. En su sentencia, la Sala determinó que declarar a los tiburones amenazados como especies comerciales y trasladar su rectoría del Sinac al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) fue un acto contrario al ordenamiento jurídico vigente.
El riesgo actual para el país se intensifica tras el informe elaborado por el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma-WCMC). Según Arauz, el hecho de que una sola nación domine la gran mayoría de las exportaciones mundiales de una especie vulnerable no es compatible con los criterios de sostenibilidad exigidos por Cites para autorizar el comercio.
Es importante destacar que una suspensión emitida por Cites no es una sugerencia, sino una medida obligatoria. De concretarse, todos los países miembros de la convención estarían obligados a dejar de importar tiburón sedoso proveniente de Costa Rica, lo que provocaría la paralización inmediata de este negocio. Este mecanismo sancionatorio ya ha sido aplicado previamente contra México por la misma especie.
El procedimiento a seguir implica que el organismo notifique formalmente al país sobre la entrada en este mecanismo. A partir de ese momento, Costa Rica dispondría de un periodo de entre seis y 18 meses para presentar pruebas que demuestren que sus exportaciones son sostenibles. Si la organización no considera satisfactoria la defensa presentada, procederá a imponer la suspensión comercial.
Desde la perspectiva de la conservación, Daniel Arauz Naranjo, director ejecutivo del Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (Crema), manifestó que Costa Rica debería ser reconocida internacionalmente por la conservación de las especies amenazadas que alberga, en coherencia con su imagen global, y no por liderar la explotación comercial de las mismas.
Para mitigar esta crisis, Randall Arauz propone una transformación profunda del modelo de pesca de palangre en el país. Esta técnica utiliza líneas largas con cientos o miles de anzuelos para capturar peces grandes como el pez espada y el atún, pero conlleva la captura incidental de especies no objetivo, como aves y tortugas marinas, además de los tiburones.
La propuesta técnica consiste en calendarizar la actividad: que la flota opere con palangre únicamente seis meses al año y dedique los otros seis meses a la pesca de atún, reduciendo así la captura incidental de tiburones. No obstante, Arauz advierte que esto requiere un cambio estructural en Incopesca, institución que, a su juicio, carece de la voluntad y capacidad técnica necesaria, operando bajo una directiva enfocada en el corto plazo y sin visión de sostenibilidad.
Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no ha emitido respuesta a las consultas enviadas sobre esta situación.
