La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el inicio de una serie de medidas estructurales orientadas a la transformación del sistema judicial del país. La mandataria informó que el próximo 1 de junio se llevará a cabo la consulta nacional para reformar la Justicia penal, un proceso que tiene como objetivo principal superar los desafíos críticos que afectan actualmente la administración de justicia en la nación suramericana.
Durante una intervención transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez subrayó que todo el sistema de justicia penal en Venezuela debe articularse bajo un propósito único y fundamental. Según las palabras de la mandataria, el fin último de esta iniciativa es lograr una reforma integral donde la justicia sea accesible y alcance a todos los ciudadanos venezolanos, sin excepciones.
En el marco de estas acciones, la presidenta interina brindó detalles sobre el proceso de amnistía que se está ejecutando en el país. Rodríguez aseguró que, durante el transcurso de esta semana, han sido liberados un total de 395 detenidos. Asimismo, señaló que se espera que en las próximas horas el número de excarcelaciones supere la cifra de las 500 personas, como parte del despliegue de este proceso de amnistía.
La mandataria explicó que la decisión de iniciar esta consulta nacional surge a partir de un primer diagnóstico realizado por el Gobierno, el cual permitió identificar tres grandes desafíos que obstaculizan el correcto funcionamiento del sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción dentro del ámbito judicial y la denominada criminalización de la pobreza.
Sobre este último punto, Rodríguez presentó datos alarmantes que justifican la necesidad de la reforma. Tras realizar el análisis correspondiente, se determinó que el 68% de las personas que se encuentran actualmente encarceladas en el país pertenecen a estratos económicos y sociales considerados como los menos favorecidos. Esta estadística fue el sustento para denunciar la existencia de una criminalización de la pobreza dentro del sistema penal.
Además de los problemas estructurales, la presidenta interina denunció la presencia de prácticas irregulares en el ejercicio de la judicatura. Rodríguez señaló que existen jueces que solicitan el pago de "comisiones" o recurren a la extorsión para otorgar medidas de libertad a los detenidos, evidenciando la profundidad de la corrupción judicial que se pretende erradicar con las nuevas medidas.
Para combatir específicamente el problema del retardo procesal, la mandataria informó que ha firmado la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta modificación legal implica un aumento en la cantidad de magistrados, pasando de 20 a 32 integrantes. Con esta ampliación de la estructura del máximo tribunal, la mandataria expresó su expectativa de que se produzca un incremento significativo en la actividad judicial, reduciendo así los tiempos de espera en los procesos penales.
De manera enfática, Delcy Rodríguez hizo un llamado a los diversos sectores para que este proceso de consulta no sea utilizado con fines políticos o partidistas. La mandataria subrayó la importancia de mantener la naturaleza técnica y social de la reforma, solicitando que no haya una utilización partidista de un proceso que, según sus declaraciones, busca genuinamente la transformación del sistema penal venezolano.
Es importante destacar que este anuncio es la continuación de una hoja de ruta establecida previamente. En el pasado mes de abril, la presidenta Rodríguez había instalado una comisión encargada de la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal. El objetivo de dicha comisión ha sido analizar y buscar soluciones a los males que persisten en el sistema judicial, centrándose principalmente en la lucha contra la corrupción y la optimización de los tiempos procesales.
Finalmente, la mandataria reiteró su compromiso con la superación de las 500 liberaciones en el corto plazo, reafirmando que la transformación del sistema penal es una prioridad para garantizar que el derecho a la justicia sea una realidad efectiva para toda la población.
