El Gobierno Nacional confirmó que remitirá al Congreso de la Nación un nuevo paquete de proyectos de ley, el cual pretende establecerse como el eje central de la discusión parlamentaria durante los próximos meses. El anuncio fue difundido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en la red social X, luego de mantener una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
Las iniciativas que integran este paquete incluyen el denominado “Súper RIGI”, una ley orientada a combatir la ludopatía, una regulación específica para la actividad de lobby y diversas modificaciones a la ley de etiquetado frontal de alimentos. Por otro lado, se informó que la nueva Ley de Sociedades, que inicialmente estaba contemplada para formar parte de este envío, será remitida al Poder Legislativo en una etapa posterior.
El anuncio de estas medidas ocurre en un marco de tensión política dentro del espacio oficialista. Esta situación se ha visto intensificada por la escalada de diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a raíz de la difusión de críticas dirigidas al Gobierno desde una cuenta anónima en las redes sociales.
La propuesta económica de mayor relevancia dentro del paquete es el “Súper RIGI”, que consiste en una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones previamente aprobado en la Ley Bases. El objetivo planteado por el Ejecutivo es atraer industrias y proyectos que actualmente no tienen operatividad en el país, mediante la implementación de una serie de beneficios fiscales y aduaneros.
Entre las modificaciones principales del “Súper RIGI”, se destaca una reducción en la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas que resulten beneficiarias, la cual pasaría del 25% al 15%. Asimismo, el esquema propone un sistema de amortización acelerada de las inversiones, permitiendo que el 60% se descuente durante el primer año, el 20% en el segundo y el porcentaje restante en el tercero.
Además, el proyecto prevé la eliminación de los aranceles de importación y exportación que estén vinculados a la producción. También se contemplan límites al cobro del impuesto a los Ingresos Brutos por parte de las provincias que decidan adherir al régimen, así como restricciones a las tasas municipales que sean consideradas como “impuestos encubiertos”. Según la fundamentación oficial, este esquema busca optimizar el flujo financiero de los proyectos en sus etapas iniciales y acelerar el recupero fiscal de las inversiones.
En relación con la salud y la protección de los jóvenes, el Gobierno impulsará un proyecto para la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía, con especial énfasis en menores y jóvenes. Desde la Casa Rosada aclararon que el propósito no es la prohibición de la publicidad de las plataformas de apuestas, sino establecer controles sobre el juego digital y limitar el acceso de los menores de edad.
Esta iniciativa surge luego de que el año pasado la oposición lograra avances en la Cámara de Diputados con un proyecto que planteaba restricciones más severas, incluyendo límites a la publicidad y nuevas regulaciones sobre los medios de pago y los gastos diarios. Sin embargo, el oficialismo rechazó dicha redacción y decidió promover una propuesta propia.
En el ámbito alimentario, el Ejecutivo buscará modificar la ley de etiquetado frontal. El objetivo de esta propuesta es reducir las exigencias actuales impuestas a las empresas y revisar el sistema de octógonos negros que advierten sobre el exceso de calorías, grasas, sodio y azúcares.
Entre los cambios previstos, se encuentra la posibilidad de habilitar nuevamente el uso de celebridades, personajes animados y figuras deportivas en los envases de los productos, práctica que actualmente se encuentra restringida por la normativa. Además, se pretende simplificar los trámites administrativos y modificar los criterios técnicos que determinan la aplicación de los sellos de advertencia.
Finalmente, el paquete legislativo se completa con una Ley de Lobby, orientada a regular y transparentar la gestión de intereses ante los funcionarios públicos. Esta propuesta, impulsada por sectores cercanos a Santiago Caputo, toma como referencia los modelos implementados en Chile y Estados Unidos.
Dicha ley buscará instaurar mecanismos de registro para las reuniones y gestiones realizadas por organizaciones, empresas y representantes de diversos sectores ante el Estado. El objetivo es documentar los intereses representados, identificar a los participantes de cada encuentro y generar una síntesis de los temas abordados durante las reuniones.
Este despliegue legislativo ocurre mientras se observa una mejora en la macroeconomía, aunque persisten internas dentro del sector libertario que podrían complicar la gestión del presidente Milei.
