El diputado de ERC y antiguo alto cargo del Govern, Josep Maria Jové, ha formalizado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que solicita la retirada de las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la ley de amnistía y, en consecuencia, el archivo inmediato de la causa judicial en la que se le procesa por su implicación en la organización del referéndum del 1 de octubre. Esta solicitud se fundamenta en el reciente respaldo brindado por la justicia europea a la aplicación de dicha ley.
Ante este requerimiento, la sala civil y penal del TSJC ha emitido una providencia mediante la cual concede un plazo de cinco días hábiles a las acusaciones y a las defensas para que presenten sus pronunciamientos respecto a la solicitud de Jové. El político se encuentra actualmente acusado de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, cargos derivados de su desempeño como secretario general del Departamento de Economía durante el periodo en el que Oriol Junqueras estuvo al frente de dicha cartera.
La situación jurídica de Josep Maria Jové es compartida por otro diputado de ERC, Lluís Salvadó. Ambos exaltos cargos se encontraban a la espera de ser juzgados en un proceso en el cual la Fiscalía había solicitado penas que podrían alcanzar los siete años de prisión. No obstante, la aprobación de la ley de amnistía alteró el curso de los procedimientos, aunque no de manera inmediata para todos los implicados.
Previo a determinar si procedía la aplicación de la amnistía en estos casos concretos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había optado por suspender el proceso contra los antiguos cargos de ERC. Esta decisión se tomó con el objetivo de elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que el tribunal catalán mantenía dudas jurídicas sobre la interpretación de diversos artículos de la ley de amnistía, específicamente aquellos relacionados con la persecución de la corrupción y la protección de los caudales públicos.
Es relevante destacar que las interrogantes planteadas por el TSJC guardan una coincidencia sustancial en el fondo con las cuestiones que el Tribunal de Cuentas había formulado previamente sobre la malversación en el marco del procés. La justicia europea resolvió estas últimas la semana pasada, otorgando el aval a la amnistía. Sin embargo, el TSJC había tramitado las consultas referidas a Jové y Salvadó en un proceso administrativo y judicial independiente, lo que mantenía su causa en un estado de suspensión.
Desde la defensa de Josep Maria Jové, quien actualmente ejerce como presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, se sostiene que la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea posee un carácter doctrinal. Bajo esta premisa, la defensa argumenta que dicha resolución sienta una base jurídica aplicable de forma inmediata al caso suspendido en el TSJC, eliminando la necesidad de esperar a que la justicia europea resuelva específicamente las cuestiones prejudiciales de este proceso particular.
Por este motivo, la representación legal de Jové ha instado al tribunal a retirar las consultas elevadas al TJUE y a proceder con la aplicación efectiva de la amnistía en la causa abierta por la planificación del referéndum independentista. La defensa considera que, al haberse resuelto la duda jurídica en un caso análogo, no existe ya justificación para mantener el proceso en suspenso.
Este escenario se produce mientras otros implicados en los preparativos del 1-O ya han visto resuelta su situación. En junio del año pasado, la Audiencia de Barcelona amnistió a un grupo compuesto por 35 empresarios y antiguos altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, además del exconseller de Exteriores, Raül Romeva. La solicitud de Jové busca, por tanto, equiparar su situación jurídica a la de aquellos procesados que ya fueron beneficiados por la ley de amnistía en el mismo contexto organizativo.
