El Gobierno de Bolivia ha presentado una denuncia formal ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertando sobre la gravedad de la situación política y social que atraviesa el país. Según el Ejecutivo, las intensas protestas y huelgas registradas en La Paz y otras regiones, motivadas por el descontento contra la gestión gubernamental y la carencia de políticas efectivas para enfrentar la crisis económica, representan una amenaza directa al orden democrático y vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Durante una intervención realizada a través de una videollamada con el Consejo, el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo, manifestó una "profunda preocupación" por los acontecimientos recientes. El canciller sostuvo que el Estado Plurinacional de Bolivia considera necesario alertar a la comunidad internacional sobre una serie de hechos que, a juicio del Gobierno, ponen en riesgo la institucionalidad y los derechos básicos del pueblo boliviano.
En su argumentación, Aramayo defendió la decisión de acudir a este organismo multilateral alegando que los desafíos que afectan la estabilidad institucional de cualquier Estado miembro de la OEA merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana. Como medida concreta para abordar la crisis, el ministro solicitó formalmente el envío de una misión internacional compuesta por embajadores de la OEA, cuyo objetivo sería verificar de primera mano la situación política y social que prevalece en el territorio boliviano.
El canciller hizo una distinción clara entre el derecho a la manifestación y las acciones actuales. Aseguró que las movilizaciones en curso han excedido el "legítimo ejercicio de la protesta social y política", afirmando que el verdadero objetivo de estas acciones es generar una desestabilización institucional, debilitar al Gobierno y alterar el orden democrático. No obstante, Aramayo subrayó que el Ejecutivo boliviano reconoce y respeta plenamente la libertad de expresión, la participación política y el derecho a la protesta pacífica, definiéndolos como pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y valores esenciales del sistema.
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro de Exteriores fue la implementación de bloqueos de carreteras. Aramayo criticó severamente estas medidas, manteniendo que las restricciones a la circulación han provocado dificultades graves en el abastecimiento de productos básicos y suministros críticos. Entre los elementos afectados se encuentran los alimentos, los combustibles, el oxígeno y los medicamentos. Para el Gobierno, estas obstrucciones representan una "vulneración deliberada de los derechos" de los ciudadanos bolivianos.
Paralelamente, la Comunidad Andina (CAN) también ha manifestado su preocupación por la coyuntura política y social de Bolivia. A través de un comunicado, la organización instó a que todas las diferencias existentes sean encauzadas estrictamente dentro del marco constitucional y democrático. La Presidencia Pro Tempore de la CAN, que actualmente se encuentra en manos de Ecuador, junto con la Secretaría General, enfatizaron que es fundamental abordar la situación mediante un diálogo político que sea constructivo, amplio y pacífico.
El organismo regional subrayó la importancia de generar consensos que permitan preservar la estabilidad institucional, siempre bajo el pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades que han sido democráticamente electas. Asimismo, la CAN expresó su inquietud por los hechos que están perturbando el normal desarrollo de la vida institucional y la provisión de servicios esenciales en Bolivia, haciendo un llamamiento a todas las partes involucradas para que actúen con responsabilidad, prudencia y apego a los cauces democráticos.
En el ámbito interno, las últimas semanas han estado marcadas por fuertes movilizaciones. Grupos integrados por indígenas, campesinos y sindicalistas han llegado a asediar la ciudad de La Paz con el objetivo de exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz. Esta conflictividad social ya ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y más de un centenar de detenidos.
En medio de este escenario, la Policía boliviana informó que ha logrado habilitar un corredor estratégico para liberar al menos 70 cisternas cargadas con gasolina y diésel. Dichos vehículos se encontraban retenidos en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, ubicada en El Alto. Según reportó el diario boliviano 'La Razón', este combustible será distribuido en las estaciones de servicio de La Paz y El Alto para mitigar el desabastecimiento provocado por las protestas.
