El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles, 15 de julio de 2026, la inclusión del Cartel de Juárez y de la organización criminal conocida como Los Viagras en su lista de organizaciones terroristas transnacionales. Esta medida representa una escalada en las acciones regulatorias y financieras contra los grupos del crimen organizado que operan en territorio mexicano, sumándose a las sanciones que ya pesaban sobre ambas organizaciones debido a sus actividades de narcotráfico.
Con estas nuevas designaciones, el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump ha consolidado una lista oficial que ahora incluye a seis carteles mexicanos bajo las categorías de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Esta acción se enmarca en una estrategia coordinada por la Casa Blanca para endurecer la presión sobre las estructuras criminales que facilitan el movimiento de sustancias ilícitas a través de la frontera.
En cuanto a los detalles de los grupos afectados, el Departamento del Tesoro destacó que el Cartel de Juárez, cuya fundación se remonta a la década de 1970 y que mantiene operaciones críticas en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, ha sido incorporado a estas categorías por su rol en el tráfico de drogas. De manera similar, la organización Los Viagras, que tiene una presencia predominante en el estado de Michoacán, también fue designada como grupo terrorista debido a su participación en el tráfico de estupefacientes y otros delitos vinculados directamente al crimen organizado.
Esta decisión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de medidas implementadas por la Administración de Trump a lo largo del año. En febrero pasado, el gobierno estadounidense ya había designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras a otros cinco grupos criminales de gran escala. Entre ellos se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
El objetivo central de estas designaciones es intensificar la lucha contra el narcotráfico, con un enfoque particular en frenar el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos, una sustancia que ha generado una crisis de salud pública en el país norteamericano. La Administración Trump ha dejado claro que el uso de estas categorías legales es una herramienta para asfixiar financieramente a los grupos criminales y limitar su capacidad operativa a nivel internacional.
Para lograr estos resultados, el presidente Donald Trump ha ejercido una presión constante sobre el Gobierno de México y otros actores de la región. Las herramientas de presión mencionadas por la Casa Blanca incluyen no solo la designación de grupos terroristas y sanciones financieras, sino también la amenaza de imponer aranceles comerciales si no se obtienen resultados más contundentes en el combate a los carteles y la reducción del tráfico de fentanilo.
Por su parte, el Gobierno de México ha mantenido una postura firme frente a estas medidas. En repetidas ocasiones, las autoridades mexicanas han rechazado cualquier acción unilateral tomada por Washington que afecte el territorio nacional. La administración mexicana ha defendido la necesidad de que cualquier estrategia de seguridad se base en la cooperación bilateral, enfatizando que el combate al crimen organizado debe realizarse bajo el principio fundamental del respeto a la soberanía nacional.
A pesar de las crecientes presiones provenientes de la Casa Blanca para endurecer las tácticas contra el narcotráfico, el Gobierno mexicano insiste en que la coordinación conjunta es la vía más efectiva, rechazando la imposición de sanciones o designaciones que ignoren la jurisdicción y la autonomía del Estado mexicano. La tensión entre ambas administraciones refleja el complejo equilibrio entre la urgencia de Estados Unidos por detener el flujo de drogas y la defensa de México sobre su propia soberanía territorial.
