La familia LeBaron, junto con otras víctimas estadounidenses del ataque perpetrado por el Cártel de Juárez en el estado de Sonora en 2019, ha presentado una solicitud formal ante una corte federal de Nueva York. El objetivo de esta petición es que se les permita reclamar una parte de los recursos económicos que Ismael “El Mayo” Zambada entregue eventualmente para cubrir la multa multimillonaria derivada del proceso penal que actualmente enfrenta en los Estados Unidos.
A través de una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, los representantes legales de las familias expresaron su desacuerdo con la postura del Gobierno estadounidense. En el documento, los abogados acusan a las autoridades federales de intentar adjudicarse de manera exclusiva cualquier pago realizado por el fundador del Cártel de Sinaloa para satisfacer la sentencia por decomiso impuesta en su contra.
Esta solicitud judicial fue integrada dentro de los expedientes identificados como Miller vs. Juárez Cartel y Estados Unidos vs. Ismael Zambada García. En el escrito, las víctimas sostienen que poseen el derecho legal de acceder a dichos recursos financieros con el fin de hacer efectiva una sentencia civil que ya obtuvieron previamente contra el Cártel de Juárez, organización responsable de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019.
Los familiares, quienes cuentan con la representación legal del abogado Howard J. Miller, recordaron al tribunal que son víctimas directas de la emboscada registrada en Bavispe, Sonora. En aquel trágico evento, fueron asesinados nueve integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller. Según lo expuesto en el documento judicial, los demandantes argumentan que Ismael Zambada García no fue un actor ajeno, sino que brindó apoyo material al Cártel de Juárez al proporcionar los hombres y el armamento que fueron empleados para llevar a cabo el ataque.
Es importante señalar que, en el año 2022, las familias ya habían obtenido una sentencia favorable contra la organización criminal mencionada. Dicho fallo quedó formalmente registrado ante la Corte federal de Nueva York en septiembre de 2023, lo que constituye la base jurídica de su reclamación actual.
La controversia legal ha escalado tras la revelación de una orden de decomiso propuesta por la Fiscalía estadounidense. En dicha propuesta, se establece explícitamente que “Estados Unidos será el único titular” del dinero entregado por “El Mayo” Zambada para cubrir la sanción económica impuesta en el marco del caso penal. Ante esto, el Gobierno estadounidense ha sostenido que los familiares carecen de legitimidad jurídica para impugnar esta medida. El argumento gubernamental se basa en que la sentencia monetaria es un fallo "in personam", lo que significa que está dirigido exclusivamente contra el acusado y no sobre bienes específicos.
Sin embargo, los representantes legales de las víctimas han rechazado tajantemente esta interpretación. En su lugar, argumentan que la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002, conocida como TRIA por sus siglas en inglés, permite el embargo de bienes bloqueados que pertenezcan a organizaciones terroristas o a sus operadores para cumplir sentencias derivadas de actos terroristas.
Los abogados subrayaron que Ismael Zambada García fue designado por el Gobierno de Estados Unidos como un narcotraficante especialmente señalado bajo la denominada Ley Kingpin. Por lo tanto, sostienen que cualquier activo congelado o pago relacionado con la sentencia de decomiso, la cual asciende a los 15 mil millones de dólares, podría ser reclamado legítimamente por las víctimas.
En el escrito enviado al juez Cogan, los litigantes enfatizaron que el consentimiento del acusado al acuerdo de culpabilidad solo lo obliga a él personalmente, y que tal acuerdo no puede renunciar ni invalidar los derechos que el Congreso de los Estados Unidos ha otorgado a las familias víctimas. Asimismo, acusaron al Gobierno de presentar una interpretación “incompleta” de las reglas federales sobre decomisos.
Si bien reconocen que la legislación permite emitir órdenes preliminares sin considerar el interés de terceros, los abogados subrayaron que la normativa contempla procedimientos posteriores para que otras partes interesadas puedan reclamar derechos sobre los bienes. La defensa de la familia LeBaron calificó de contradictoria la postura de las autoridades estadounidenses, señalando que, mientras el Gobierno busca obtener una sentencia económica contra Zambada sin identificar activos concretos, simultáneamente pretende quedarse con la totalidad de los recursos derivados del proceso.
La resolución final sobre el destino de estos fondos y la posibilidad de que las víctimas reciban una indemnización económica quedará estrictamente en manos del juez Brian M. Cogan.
