Provías Nacional se encuentra en el centro de una controversia administrativa y legal tras la ejecución de un proceso de contratación destinado al mantenimiento de un corredor vial en la región Cusco. El proyecto, cuyo monto supera los 260 millones de soles, ha sido objeto de serios cuestionamientos luego de que un reportaje del programa Cuarto Poder revelara presuntas irregularidades relacionadas con la celeridad de los cambios administrativos y la reasignación del contrato a un postor distinto al que inicialmente había resultado ganador.
El proceso de licitación pública se inició el 7 de marzo de 2025, con el objetivo de seleccionar a la empresa responsable del mantenimiento vial por un periodo de cinco años. Tras la correspondiente etapa de evaluación de las propuestas presentadas por los interesados, el 16 de febrero de 2026, la entidad otorgó la buena pro al Consorcio Corredor Vial Santa Teresa. Esta empresa presentó una oferta económica que ascendía a 257 millones 607 mil 557 soles, monto que fue calificado como la mejor propuesta en la etapa de evaluación correspondiente.
Sin embargo, el panorama cambió cuando Provías Nacional comenzó a plantear observaciones sobre ciertos requisitos técnicos vinculados a la firma definitiva del contrato. Según los argumentos presentados por la entidad, las observaciones técnicas no habían sido subsanadas en su totalidad por el postor ganador. Basándose en este razonamiento, la entidad decidió declarar la pérdida automática de la buena pro que había sido otorgada previamente al Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.
Esta decisión administrativa impulsó al consorcio afectado a buscar amparo en el Poder Judicial. La empresa solicitó una medida de protección para frenar la decisión de Provías Nacional y asegurar el respeto a la adjudicación inicial. El 15 de abril de 2026, el Poder Judicial declaró fundada la medida cautelar, ordenando formalmente que se mantuviera la buena pro a favor del Consorcio Corredor Vial Santa Teresa. Asimismo, la resolución judicial dispuso expresamente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se abstuviera de realizar cualquier acto que impidiera la formalización del contrato con el primer ganador.
A pesar de la existencia de esta resolución judicial vigente, el proceso administrativo dentro de Provías Nacional no se detuvo. Por el contrario, la entidad continuó con la evaluación de otro de los postores que habían participado en el mismo proceso de contratación. El beneficiario de este nuevo análisis fue el Consorcio KABSA, cuya propuesta económica ascendía a 264 millones de soles. Al comparar ambas ofertas, se evidencia que la propuesta del Consorcio KABSA superaba en más de 7 millones de soles la oferta presentada inicialmente por el consorcio ganador.
El despliegue administrativo para concretar este cambio fue notablemente rápido. El mismo 15 de abril, fecha en la que se emitía la medida cautelar judicial, el área de Logística de Provías Nacional activó la revisión de los documentos del Consorcio KABSA, completando el proceso en cuestión de pocas horas. Al día siguiente, el 16 de abril, las oficinas técnicas de la entidad emitieron informes consecutivos que permitieron concretar la adjudicación del contrato a favor del nuevo postor.
Este conjunto de hechos ha generado dudas sobre la transparencia del proceso, ya que la reasignación del contrato se produjo antes de que el primer ganador pudiera formalizar el documento, y se llevó a cabo ignorando la orden judicial que disponía mantener la buena pro original. La rapidez con la que se procesaron los documentos del Consorcio KABSA, sumada al incremento en el costo del proyecto para el Estado, constituye el núcleo de los cuestionamientos actuales sobre la gestión de Provías Nacional en este corredor vial del Cusco.
