El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la iniciativa ciudadana para la Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador no cumple con el requisito mínimo de firmas para continuar su trámite en la Asamblea Nacional. El informe del CNE, aprobado con cinco votos, revela que solo se recolectaron 11.134 firmas válidas, muy por debajo de las 34.136 necesarias, que representan el 0,25% del padrón electoral.
La sesión del CNE, en la que se analizó el proyecto, contó con la participación de los consejeros José Merino, Elena Nájera, José Cabrera, Enrique Pita y la presidenta Diana Atamaint. La decisión del Pleno otorga a los proponentes un plazo de 90 días para subsanar la falta de rúbricas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y el Código de la Democracia.
Elena Nájera, vocal del CNE, explicó que, a pesar de la revisión de 2.158 formularios, solo 2.113 fueron considerados válidos, lo que no alcanza el número requerido para avanzar con la propuesta. “El área técnica indica que, del total de formularios presentados, fueron considerados válidos 2.113. Pero no se alcanzan las firmas”, afirmó Nájera durante la sesión plenaria.
El consejero Enrique Pita reiteró la exigencia legal de alcanzar el 0,25% del padrón electoral, lo que equivale a 34.136 firmas válidas. La iniciativa, presentada como propuesta ciudadana el 21 de agosto de 2025, buscaba la despenalización del autocultivo de cannabis, permitiendo a cada ciudadano mayor de edad mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.
La propuesta también establecía restricciones al acceso para menores de 18 años, quienes solo podrían acceder al cannabis bajo prescripción médica y con la supervisión de un adulto, prohibiendo su uso recreativo. Además, contemplaba la creación del Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo encargado de la gobernanza de toda la cadena productiva del cannabis.
El proyecto ya había avanzado en la Asamblea Nacional, donde se conformó una comisión para su trámite, aunque esta comisión enfrentó algunos cuestionamientos. El Pleno de la Asamblea había aprobado previamente el cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta con 142 votos, permitiendo que se remitiera al CNE para la verificación de las firmas.
Ahora, para que la iniciativa regrese al Legislativo, los proponentes deberán reunir las firmas faltantes en el plazo de tres meses. Carlos Andrés Albuja Terán, promotor del proyecto y figura pública en el debate sobre el cannabis, tendrá la oportunidad de completar el respaldo ciudadano conforme a las regulaciones establecidas para las iniciativas populares normativas, consultas y referendos.
La iniciativa ciudadana, de ser aprobada en el futuro, representaría un cambio significativo en la política de drogas en Ecuador. La despenalización del autocultivo y la regulación integral del cannabis son puntos centrales de la propuesta, que busca abordar el tema desde una perspectiva de salud pública y respeto a las libertades individuales.
El CNE, al cumplir con su función de verificación de las firmas, ha puesto en pausa el trámite de la ley, dejando en manos de los proponentes la responsabilidad de reunir el apoyo ciudadano necesario para continuar con el proceso legislativo. El plazo de 90 días será crucial para determinar si la iniciativa logrará superar este obstáculo y avanzar hacia una posible discusión y votación en la Asamblea Nacional.
La decisión del CNE subraya la importancia de cumplir con los requisitos legales y constitucionales para que las iniciativas ciudadanas puedan ser consideradas por el poder legislativo. La recolección de firmas válidas es un paso fundamental en el proceso de participación ciudadana y garantiza que las propuestas cuenten con el respaldo necesario para ser debatidas y aprobadas.
El futuro de la Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador dependerá ahora de la capacidad de los proponentes para movilizar a la ciudadanía y obtener las firmas faltantes en el plazo establecido. La iniciativa sigue generando debate y expectativas en diversos sectores de la sociedad, y su eventual aprobación podría tener un impacto significativo en la política de drogas y la salud pública del país.
