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El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra en una etapa decisiva. La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo Cantonal deberá pronunciarse este lunes 27 de abril sobre al menos tres solicitudes de remoción presentadas contra el edil, quien actualmente permanece privado de libertad en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Hasta el momento, la comisión, encabezada por el concejal Arturo Escala, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles del análisis, limitándose a confirmar que se están revisando las denuncias de forma individual para verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
La concejal Ana Fuentes, integrante de la comisión, explicó que el trabajo actual se centra en la revisión detallada de cada denuncia, asegurando que no se ha emitido ningún pronunciamiento sobre la admisión o archivo de las mismas. “Estamos en análisis. No podemos darle ningún veredicto, no podemos darles más detalles porque sería incumplir con las reglas como comisión”, afirmó.
El concejal Escala, por su parte, detalló que la comisión fue notificada de las solicitudes el 17 de abril y ha sostenido al menos tres sesiones para analizar las denuncias y el marco legal aplicable. Recordó que el Cootad establece un plazo de cinco días hábiles para calificar las denuncias, plazo que vence este lunes.
“Hemos analizado las demandas, hemos comenzado a ver la normatividad necesaria. Hay resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral que causan jurisprudencia en este caso y que tenemos que aplicarlas”, explicó Escala.
Una vez que la comisión tome una decisión, ya sea admitir o archivar una o varias de las denuncias, se notificará a las partes involucradas. Si alguna de las solicitudes es admitida a trámite, el proceso avanzará a una siguiente etapa que incluye la citación personal del alcalde Álvarez.
La coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) será fundamental para garantizar el derecho a la defensa del alcalde, según explicó Escala. “Es necesario que lo cite de manera personal para garantizar su derecho a la defensa”, enfatizó.
Tras la citación formal, se abriría la fase probatoria, con una duración de 10 días hábiles, durante los cuales tanto los denunciantes como la defensa del alcalde podrán presentar pruebas de cargo y de descargo. “Una vez que esté citado, abrimos el término de prueba y dentro de esos 10 días pueden presentar cualquier prueba que necesiten”, detalló el concejal.
Finalmente, la Comisión de Mesa deberá cerrar el periodo probatorio y elaborar un informe que será remitido al Concejo Cantonal, instancia que tomará la decisión final sobre la procedencia o no de la remoción del alcalde Álvarez.
El proceso, que se inició a una semana de la conformación de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, se encuentra en su fase inicial, con una decisión clave prevista para este lunes 27 de abril. La ciudad de Guayaquil aguarda con expectativa el pronunciamiento de la comisión, que definirá si las denuncias avanzan o quedan archivadas.
La normativa exige que las denuncias cumplan con requisitos específicos, como la identificación completa del denunciante y la presentación formal de la solicitud. La comisión deberá evaluar si las denuncias presentadas cumplen con estos requisitos antes de decidir si las admite a trámite.
El caso del alcalde Álvarez, quien enfrenta acusaciones de presunta corrupción y vínculos con el crimen organizado, ha generado una gran controversia en Guayaquil y en todo el país. Su detención en la cárcel del Encuentro ha añadido complejidad al proceso de remoción, ya que la citación personal del alcalde requerirá la coordinación con el SNAI.
La decisión de la Comisión de Mesa tendrá un impacto significativo en el futuro político de Guayaquil. Si alguna de las denuncias es admitida a trámite, el proceso podría llevar a la remoción del alcalde Álvarez y a la convocatoria de elecciones anticipadas. Por otro lado, si las denuncias son archivadas, el alcalde podría continuar en el cargo, al menos hasta que se presenten nuevas acusaciones.
La transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales serán fundamentales para garantizar la legitimidad del proceso de remoción. La comisión deberá actuar con imparcialidad y rigor, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. La ciudadanía de Guayaquil espera una resolución justa y oportuna que contribuya a la estabilidad política y al buen gobierno de la ciudad.
